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Este lunes, el Estado argentino, acompañado por representantes del gobierno de Jujuy, debe dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión y criminalización de la protesta social en la provincia, a partir de una petición que presentaron organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales.
La audiencia se realiza en la ciudad de Washington, y participarán de ella sindicalistas y abogados de derechos humanos, por un lado, y funcionarios nacionales y provinciales por el otro. Habrá además una reunión similar centrada en la política migratoria del país, a partir del decreto que modificó la ley en forma restrictiva.
Finalizadas las actividades, la CIDH emitirá una recomendación dirigida al Estado nacional.
Desde la asunción del gobierno aliancista PRO-UCR-Coalición Civica, se fueron dando en Jujuy sucesivos atropellos a los derechos humanos y se avanzó en la criminalización de la protesta social. Frente a instancias supranacionales como la CIDH, el primer responsable que debe dar explicaciones es el Estado nacional.
La audiencia fue solicitada al CIDH por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Un punto clave en la exposición será las medidas estatales que vulneran el derecho a la protesta en Jujuy. Sobre esto, Fernando Acosta, secretario de Interior de la CTA-Autónoma y dirigente de ATE-Jujuy, afirmó que “la situación en la provincia es muy injusta, por la actitud del estado provincial, a los trabajadores azucareros y a los estatales, a las organizaciones sociales que daban empleo les prohiben la protesta, hay gente presa, suspensiones de personerías y la enajenación de las escuelas de las organizaciones sociales”
Por su parte, desde el CELS se señaló que “el gobierno ofreció las respuestas que buscan silenciar el disenso en Jujuy, que en definitiva, es la criminalización, la persecución judicial de gremios, organizaciones y dirigentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales y otras disposiciones punitivas”.
La audiencia sobre la criminalización de la protesta en Jujuy se realizará de 10.30 a 11.30 hora local (de 9.30 a 10.30 en Washington) y la audiencia sobre los cambios en la política migratoria será de 11.45 a 12.45 hora local. Ambas se pueden seguir en vivo acá.
