A poco de cumplirse 50 años de los crímenes cometidos contra los obreros de Molinos Río de la Plata, el 23 de abril de 2026 comenzará el juicio por la responsabilidad de la empresa en esos delitos. El debate, a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, tendrá como único imputado a Emilio Parodi, quien entre 1975 y 1979 fue jefe de personal de la firma que pertenecía en ese momento a Bunge y Born.
Parodi, quien también se desempeñó como director general de Molinos, llega acusado como partícipe necesario de la desaparición de tres trabajadores durante un operativo del Ejército en la planta de Avellaneda, el 7 de julio de 1976.
Ese día, al ingresar o salir de su turno de trabajo, fueron secuestrados Francisco Fernández, quien era mecánico, Santos Ojeda, de la sección Expedición, y Roberto José Rivolta Bonino, de Administración.
Según testigos, Fernández, que era mecánico, fue detenido cuando iba a buscar su tarjeta de ingreso a la oficina de vigilancia, al iniciar su turno. A Ojeda, que era de la sección Expedición, lo detuvieron al salir de la fábrica y a Rivolta Bonino, que se desempeñaba en el área de Administración, lo secuestraron a las 8 de la mañana, cuando llegó a la planta. Los tres permanecen desaparecidos.
Emilio Parodi
Según sobrevivientes y familiares, Parodi era el encargado de apretar a los trabajadores para que renunciaran y de confeccionar la lista de quienes debían ser secuestrados. Tras décadas de impunidad, fue detenido el 4 de julio de 2023.
Está imputado por integrar la estructura que confeccionó listados de trabajadores de la planta de Avellaneda que luego fueron secuestrados por el aparato represivo del Estado debido a su actividad sindical. En varios casos, los operativos incluyeron también a familiares de las víctimas.
Lo que falta
La causa se inició en 2013 a partir de la denuncia contra Molinos Río de la Plata de Analía Fernández, Ernesto Ceferino Mataboni y Roxana Freitas, hijos de obreros desaparecidos. Se abrió una investigación por la desaparición de 24 trabajadores pero en este tramo se eleva a juicio por tres casos, que son los que la Justicia consideró que había prueba suficiente. En los otros 21, continúa la etapa de instrucción para seguir reuniendo prueba.
Si bien el juicio abarcará sólo esos delitos, la represión en la empresa comenzó antes, como represalia del secuestro por parte de Montoneros de los hermanos Juan y Jorge Born en septiembre de 1974.
El 1 de julio de 1976 fue secuestrado Avelino Freitas y hasta julio de 1978 se contabilizó la desaparición o asesinato de 26 obreros, obreras y delegados que habían tenido algún compromiso con las luchas sindicales que se habían dado en Molinos en los años previos.
Inspección ocular en la planta de Avellaneda
En agosto de 2023, la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pidió que sean citados a indagatoria otros 16 jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, también señalados por su responsabilidad en el secuestro de los obreros.
Finalmente, afuera del juicio quedaron otros denunciados, algunos murieron como Carlos Alberto Jacobi, quien era presidente de la empresa, y otros que ni siquiera fueron indagados durante la instrucción de la causa, a pesar de los reclamos de las querellas.
Entre esas querellas se encuentra la de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, que decidió continuar representando a sus afiliados que fueron detenidos desaparecidos con la complicidad empresarial.
En un comunicado, la Federación celebró como “un paso más hacia la justicia” la definición de una fecha para el juicio. “Es un avance en la investigación de la responsabilidad empresarial en los secuestros, torturas y desaparición de trabajadores”, sostuvieron, pero advirtieron que desde agosto de 2023 reclaman que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros.
La Federación también recordó a los 26 trabajadores y trabajadoras que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad y reclamó para todos ellos “Memoria, Verdad y Justicia”: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Ribolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fuera apropiada cuando tenía 6 meses de edad, luego de la desaparición de sus padres.