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“El balance es muy positivo porque estábamos esperando, y así correspondía legalmente, que iniciaran las audiencias públicas”, afirmó Mariano Miranda, titular de la Fiscalía de Estado, en referencia a las tres primeras audiencias del juicio Pibes Villeros que empezó esta semana y en el que actúa como querellante. En diálogo con El Submarino Radio (91.5), defendió la decisión del Tribunal de limitar la tarea de la prensa: «Son medidas para preservar el trámite en proceso», opinó.
Al analizar las tres audiencias que se desarrollaron, Miranda remarcó que “luego de algunas demoras en las dos primeras audiencias, en la tercera transcurrió todo con normalidad”. La única excepción a esa normalidad fue la incorporación del imputado Marcelo Almasana, que no se había presentado en las primeras dos hasta que Gendarmería lo halló en la localidad salteña de Salvador Mazza.
El próximo martes 31 se retoma el debate. El Tribunal dará a los 30 imputados la posibilidad de que hagan uso de la palabra. Y está previsto que atestigüen ocho personas.
-El martes comienzan los testimonios de casi un centenar de testigos. ¿Cómo se va a trabajar desde la Fiscalía de Estado?
-Principalmente desde la Fiscalía de Estado, como querellantes, nuestro objetivo principal es tratar de acreditar, en base a los elementos probatorios que nos han ofrecido y otros que surjan durante la audiencia, que hubo un fraude a la administración pública, más allá de los delitos de asociación ilícita y extorsión. El objetivo es demostrar cuál era el mecanismo que se llevaba adelante entre cooperativistas, la Red de Organizaciones Sociales y ex funcionarios de orden provincial para defraudar al Estado. Sobre todo en el Programa Mejor Vivir 2, que era la construcción de soluciones habitacionales. El mecanismo de reparto del dinero era un sistema complejo, donde cada uno de los imputados tenía un rol en la asociación ilícita para defraudar al Estado.
-Desde el inicio del caso se le dio mucha difusión en los medios locales y de alcance nacional. Ahora el tribunal prohíbe a la prensa trabajar durante las audiencias. ¿Cuál es su opinión?
-Bueno, como bien los relataba, en sus orígenes, desde esta querella denunciante, el gobierno dio publicidad a las denuncias que hemos realizado. Pero no debemos olvidar que este es un juicio oral y público, en donde el tribunal debe preservar determinadas garantías para salvaguardar el proceso. Hay reglas procesales que deben ser en algunas ocasiones muy estrictas, por ejemplo una de las reglas es que un testigo no debe tomar conocimiento de lo que dijo el testigo anterior. En el caso de que se permita ingresar con equipos electrónicos, se podrían hacer grabaciones o trasmitir en vivo y un testigo podría estar tomando conocimiento de lo que dijo el otro. Ese fue uno de los motivos que ha tenido el tribunal no para impedir sino para ordenar la actividad de la prensa en cada una de las audiencias. Ha establecido que al inicio pueden tomar fotografías y al finalizar también, al momento de las conclusiones finales y de los alegatos van a poder estar presentes. Yo en particular estoy a favor de la publicidad. Más allá de que así lo establece el juicio oral y público, esto no significa que se le deba dar publicidad a todo lo que suceda en el proceso. Estoy a favor de que se pueda dar publicidad a los efectos de la transparencia de los distintos trámites judiciales.
-Los periodistas pueden cubrir sin dispositivos electrónicos, con un papel y un lápiz. ¿No cree que se está cercenando el derecho a la información de toda la sociedad?
-No, no creo que se esté cercenando. Creo que el tribunal ha dispuesto una serie de medidas para preservar el trámite en proceso. No está vinculado con cercenar un derecho y una garantía constitucional como el derecho a informar. Y creo que aquellos que entiendan que se viola algún tipo de garantías constitucionales pueden hacer las peticiones que consideren. En lo que hace a esta querella, el tema está agotado.
