El fiscal Jorge Di Lello imputó al exsecretario de la Presidencia Fernando De Andreis y abrió la investigación por enriquecimiento ilícito originada en la denuncia del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.
La fiscalía dispuso que “a los fines de delimitar temporalmente, el objeto procesal denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a estos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos Nosis respecto de cada una de las personas y empresas descriptas, debiéndose incorporar a la presente vía digital”.
También se denunció a la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, quien multiplicó por 25 el patrimonio que declaró al hacerse cargo de los discursos y la puesta comunicacional del expresidente, según la denuncia.
Ambas acusaciones recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó el caso en el fiscal Di Lello.
Según la denuncia, De Andreis comenzó en la gestión pública nacional declarando ante la O.A. un patrimonio de $2.258.147 y se retiró 4 años después declarando un patrimonio neto de $13.149.190, resultante de un activo de $20.998.923,92 y un pasivo de $7.849.733,62, es decir que el mismo se habría incrementado casi seis veces.
Sus declaraciones juradas reflejan los siguientes bienes y deudas: Declara que en el año 2015 contaba con dólares ocho mil (u$s 8.000) y en el 2019 informa que poseía la suma de dólares diecinueve mil (u$s 19.000), los cuales habían ingresado a su patrimonio en el mes de diciembre del año 1969. Explicó que, más allá de lo curioso de esa fecha, su patrimonio creció en dólares once mil (u$s11.000) sin justificar dicho aumento.
También, declara que en el año 2015 tiene acciones en Boizo Investment S.A. y que las mismas ingresaron a su patrimonio en el año 2008 y en su declaración jurada de 2019 informa que las ingresó en julio de 2014, sin justificar de donde obtuvo los fondos para la adquisición de esas acciones.
En el año 2015 informa que adeuda a su esposa – María Sol Ascanope-, la suma de pesos cuatrocientos diecisiete mil ($417.000) y cuando termina la gestión informa que no posee deudas con la misma, pero, conforme los ingresos declarados y los gastos producidos no lograron justificar cómo o con qué abonó dicha suma.
Por otro lado, el 18 de diciembre de 2018 incorporó a su patrimonio un departamento cuya superficie es de trecientos setenta metros cuadrados de un valor de escrituración de $31.154.880, declarando ser el titular del cincuenta por ciento (50%), si bien declara una deuda con la inmobiliaria Darwin S.A. de $7.820.000 al inicio como al cierre de 2019 no demostró como generó esos ingresos en tres años de actividad pública, además de no declarar que tipo de deuda registra con la inmobiliaria, en que moneda y por qué no realizó pago alguno.
Respecto a la propiedad refirió que se ubica en Barrio Parque de esta ciudad, y que la cotización de la misma ascendería al valor comercial de los dólares dos millones (u$s 2.000.000).
Por otro lado, mencionó que se observan inconsistencias de lo declarado en el rubro “EVOLUCION PATRIMONIAL” en la línea titulada “Diferencia de Valuación en los mismos vienes al inicio y al final del año”, toda vez que, si se suman los activos y se restan los pasivos al inicio del año y se comparan con los mismos conceptos al final del año, surgen incrementos que no coinciden con la “DIFERENCIA DE VALUACION” denunciada.
Por Vanesa Petrillo, en Ámbito