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El ministro de Defensa deberá explicar por qué convalidó el acuerdo que intentó condonar la millonaria deuda de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, con el Estado. Según el fiscal, Aguad «omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios». El único imputado en la causa sobre el que no se pidió la declaración fue el presidente Mauricio Macri.
Una citación indagatoria sobre el filo de la feria judicial complica al gobierno de Mauricio Macri por el escándalo del Correo Argentino. El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó la declaración del ex ministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, por haber convalidado el acuerdo que intentó condonarle la deuda con el Estado a la empresa propiedad de la familia Macri, por más de 70 millones de pesos.
La medida se enmarca en la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo por supuesta administración fraudulenta por el respaldo del gobierno al pacto que se acordó en febrero de 2017 pero no llegó a concretarse por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín.
Aguad forma parte de la causa porque fue en el (ex) Ministerio de Comunicaciones donde se intentó acordar la condonación de la millonaria deuda. También fue citado Juan Manuel Mocora, ex trabajador de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del Correo Jaime Robirosa y Leonardo Kleidermacher, asesor letrado. En la causa también está imputado el presidente Mauricio Macri, pero fue el único que no recibió un pedido de citación.
Pollicita destacó en la presentación judicial que hay elementos suficientes para sostener que a través de la celebración del acuerdo “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA”, empresa del Grupo Macri.
El fiscal destacó que hay elementos que complican a las personas involucradas y que “permiten atribuirle participación en la maniobra”. Al referirse en particular a Aguad, subrayó que el funcionario “omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios” y terminó por obligar a la administración pública “a aceptar una quita abusiva de su crédito con el interés de beneficiar a la empresa involucrada y para lo cual contó con el aporte necesario de sus consortes de causa”.
“En efecto, los elementos de prueba reunidos reflejan que las condiciones pactadas para la cancelación del crédito verificado por el Estado Nacional en el referido concurso, de ninguna manera cristalizaron el esfuerzo de la prolongada espera ni estuvieron siquiera cerca de significar para el Estado Nacional la celebración de un acuerdo de pago razonable”, puntualizó en el escrito de 59 páginas.
Para Policitta, Aguad “impartió instrucciones (…) en base a las cuales se alcanzó el acuerdo en dicho proceso”, al que volvió a definir como una “maniobra que se afirma perjudicial para los intereses del Estado”. “En efecto, el acuerdo que pactaron los imputados resultó ser abusivo y perjudicial para el Estado Nacional, se instrumentó mediante negociaciones que se iniciaron por fuera del proceso concursal y tuvo como único objetivo privilegiar las pretensiones de pago de Correo Argentino S.A”, ratificó el fiscal.
