Ya transcurrió más de un día de los quince allanamientos simultáneos en domicilios y sedes de organizaciones sociales en la provincia y Diego Funes, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, habló con la prensa y dio detalles de los operativos.
“Estamos investigamos la posible comisión del delito de asociación ilícita», precisó, y aclaró: «Hasta ahora no tenemos los elementos suficientes para convocar a alguien”.
Más adelante dio a entender que “hay indicios de amenazas y extorsión, y por eso, se justificó la medida judicial de allanar varios lugares”. En total fueron quince operativos en sedes de organizaciones, domicilios particulares de los dirigentes, comedores y merenderos.
Funes relató que “varias personas en estado de vulneración social y económicamente denunciaron que fueron amenazados y extorsionados con perder sus beneficios sociales si no iban a marchar».
Reveló que las investigaciones se iniciaron “hace dos meses», luego de recibir esas denuncias que en concreto referían que «algunas personas habían sido amenazadas con perder sus beneficios sociales si no asistían a las marchas o si no daban dinero a las organizaciones a las que pertenecían», dijo.
Agregó que “había una especie de multas si no asistían a una marcha».
«Nos llamó la atención de que a pesar de que varias eran las organizaciones denunciadas, el ‘modus operandi’ era similar en todas las organizaciones, estaban las mismas exigencias y amenazas», indicó el Fiscal, y puntualizó que «que detrás de estos delitos no solo había un dirigente o referente, sino que esto tiene una planificación y había una estructura detrás de esto para planificar el delito».
Dijo que las denuncias son contra personas físicas y organizaciones, pero aclaró que aún se está «en plena investigación».
Consultado sobre la identidad de los dirigentes denunciados, se excusó de revelarlo porque todavía no citó citado a nadie para hacerle conocer la causa de imputación».
En cando a los allanamientos, señaló: «Estuve analizando, hay muchísima documentación, que estaría en el sentido de corroborar la hipótesis de la fiscalía en el sentido de que había un cierto mecanismo tendiente a hacerse del dinero de esta gente vulnerable a partir de amenazarlos con perder su plan”
Al ser consultado sobre el supuesto secuestro de un recibo por dos millones de pesos, lo admitió, pero aclaró: «Nos llamó la atención que algunas de las personas allanadas tenían documentación que, por lo pronto indiciariamente, podría llevarnos a pensar que tienen un manejo de dinero muy importante que no se corresponde con su situación de desocupados o de beneficiarios de algún tipo de plan».