El fiscal Stornelli recusó a Ramos Padilla y pidió la nulidad de todo el proceso

Un día antes de tener que presentarse en la justicia para dar explicaciones sobre su vínculo con el falso abogado Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli realizó un pedido de recusación del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y solicitó que se declare la nulidad del proceso. El fiscal hizo el pedido a través de su abogado, Roberto Ribas, quien entregó ambas presentaciones en el tribunal de Dolores. La solicitud de Stornelli va en sintonía con varios intentos para quitarle el caso a Ramos Padilla. Uno de los primeros fue la denuncia del fiscal por defraudación contra D’Alessio, realizada en los tribunales de Cómodoro Py. Ese caso recayó sobre el juez federal Julián Ercolini, quien le reclamó a Ramos Padilla que le envié el expediente. Esta disputa sobre la competencia todavía no está resuelta y Ramos Padilla continúa avanzando con la investigación.

Según el escrito presentado por Ribas, el juez de Dolores incurre en una «clara perdida de objetividad» en el transcurso de la investigación, que podría observarse «de la simple lectura de su fallo». También asegura que existe un «fundado temor de parcialidad» por parte de su defendido y que hay «prejuzgamiento» que podría advertirse «en temerarios actos procesales» que lo involucran.  «El proceso no puede ser llevado de manera discrecional; existen límites de orden jurídico cuyas formas deben ser respetadas, es mas, en un estado de derecho, las formas procesales son la guía y el orden de una actividad procesal», añade el escrito, en el que se cita párrafos de la resolución de Ramos Padilla para llamar a indagatoria al fiscal.

El texto de la defensa de Stornelli reitera en múltiples oportunidades la «arbitrariedad» en la que habría incurrido Ramos Padilla, sus «valoraciones tendenciosas», la «forzada interpretación de conversaciones y audios» de los que Stornelli dice ser ajeno. Sin embargo, no aporta elementos para refutar esas interpretaciones supuestamente forzadas y se limita a calificarlas como prejuzgamiento.

Página/12