Alejandro Vilca, dirigente del FIT, comentó: «No es casual que el código incluya artículos que apunten a penalizar con sanciones económicas, multas y trabajos comunitarios a quienes lleven adelante acciones producto del ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a huelga y a la protesta», y llama la atención sobre los artículos 103, 105 y 131, que, a su entender, «atentan contra los métodos que fueron parte de la lucha que llevaron adelante en todos estos años los trabajadores y sus organizaciones contra los despidos, el trabajo precario y el salario, de miles de familias por falta de viviendas o de los pueblos originarios por sus derechos».
A su vez, la referente Natalia Morales, se refirió a las sanciones impuestas a cortes de ruta, tomas de tierras y «acciones de protesta por la falta de respuestas ante algún derecho avasallado por la patronal del sector privado o público y que no resolvió el kirchnerismo de Fellner», donde «la respuesta del nuevo gobierno es atacar el derecho elemental de la protesta, algo que desde el vamos limita al momento de pelear por derechos elementales que no han sido resueltos y ahora se ven perjudicados como con los despidos en el estado».
«Ellos nada proponen para dar solución para los seis de cada 10 trabajadores que trabajan en condiciones de total precariedad laboral, o de las más de 33 mil familias que carecen de vivienda», continuó la dirigente.
Desde el FIT denuncian que «este Código es parte de la política de ataques a los que luchan, como fue la Ley Antiterrorista aprobada durante el kirchnerismo, que quiere implementar el gobierno de Morales en consonancia con Mauricio Macri que lanzó el protocolo de seguridad con el cual busca restringir y judicializar el derecho la protesta, como sucedió con la represión a los trabajadores de Cresta Roja».
«Ellos quieren frenar cualquier tipo de resistencia y lucha que daremos los trabajadores y demás sectores populares, y así pueden hacer pasar su plan de ajuste, despidos como en el Senado, en las dependencias públicas en las provincias, municipios del país y como denuncia la Intersindical en Jujuy o en el sector privado como pasa con los jóvenes trabajadores del supermercado Tunuyán -señala Vilca-; por eso es necesario la mayor unidad por parte de los trabajadores, sindicatos, organismos de DDHH y organizaciones sociales y preparar medidas comunes para derogar este Código».