Ya pasaron varias horas que el gobierno nacional de extrema derecha que lidera Javier Milei fracasará una vez más, en un intenso de eliminar la ley de Emergencia en Discapacidad, pero insiste.
Este jueves apeló el fallo judicial que le ordenaba a aplicar esa norma que garantiza los derechos de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
La presentación fue hecha contra el amparo colectivo al que hizo lugar el juez federal de Campana Adrián González Charvay. En su decisión de la semana pasada, el magistrado declaró nulo el artículo 2º del Decreto 681/2025 que promulgó la emergencia pero suspendió su ejecución con una maniobra basada en el difuso argumento de que no había fondos.
El magistrado consideró que la suspensión de esa ley (27.793) era un veto encubierto y que, por lo tanto, era nulo e inconstitucional. Dijo que violaba la supremacía de la Carta Magna que establece la división y el respeto de los poderes del Estado.
Agregó que una ley no puede no acatarse por argumentos presupuestarios y, por si fuera poco, indicó que el decreto presidencial iba a contramano de los tratados internacionales de derechos humanos.
Como era de esperar, la Casa Rosada protagonizo una desobediencia judicial y decidió rechazar por tercera vez, en forma consecutiva, primero lo vetò, luego con el polémico decreto del Ejecutivo y ahora con una apelación judicial.
Presentó esta mañana ante la Cámara Federal de San Martín una apelación contra el fallo y el tribunal se lo concedió con efecto devolutivo, es decir que le aceptó el inicio del trámite pero sin suspender la resolución de Charvay.
La decisión del oficialismo es una muestra más de su obstinación en incumplir con esa ley respaldada por un amplísimo sector de la sociedad, por la Justicia, por el Congreso, por diputados y senadores aliados a La Libertad Avanza (LLA) y por los gobernadores socios de la Casa Rosada.
El consenso a favor de las demandas que encabezan las familias de personas con discapacidad es tan amplia que el oficialismo en la Cámara de Diputados fracasó en su intento por derogarla. El revés a la emergencia había sido incluida de manera forzada en el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que fue rechazado por la oposición.
Tan fuerte fue el golpe que recibió el oficialismo, que la reacción inmediata –y previsible- fue insistir con el goteo judicial que le mantiene el juego abierto para congelar la aplicación de la norma que garantiza los tratamientos, actualiza los montos de las terapias, subvenciona parte de los transportes especiales y asiste a instituciones, entre otros puntos.
Lo que había ordenado Charvay no solo fue la aplicación inmediata de la ley 27.793 sino que, por tratarse de un amparo colectivo, dispuso otorgar efectos expansivos para todas las personas con discapacidad y prestadores del sistema.