El Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica y la oposición promete resistencia 

El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La medida combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.

Actualmente, Nucleoeléctrica está controlada en un 79 % por el Estado nacional, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (Enarsa).

Con el nuevo esquema:

  • Se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.
  • Se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5 %, destinado a trabajadores.
  • El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 %, asegurando control mayoritario.
  • Además, se dispuso que Enarsa transfiera el 1 % de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en Enarsa.

«Defender el sistema»

«Vamos a defender el sistema nuclear argentino», aseguraron desde el Partido Justicialista en un posteo de X en el que dan cuenta de una reunión mantenida esta mañana «para conversar sobre el rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional».

«El gobierno de Milei está llevando adelante una política de entrega de activos estratégicos y capacidades nacionales. Vamos a defender el sistema nuclear argentino, pilar fundamental de un proyecto nacional soberano, de empleo y desarrollo para todos los argentinos y argentinas», afirmaron.

La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) señaló a los diputados y senadores que votaron Ley Bases como «corresponsables y cómplices del remate de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) que hoy sale por decreto».

Remarcó que NASA «es del Estado argentino», que posee Atucha I, Atucha II y Embalse; que es «la quinta empresa generadora de energía del país después de Pampa, Central Puerto, YPF y Yacyretá» y que se tata de «un activo estratégico de enorme interés geopolítico para Estados Unidos».

«Por eso está frenada Atucha III. Por eso frenaron también el acuerdo con China», agregó.

Sobre la decisión del gobierno nacional, Strada repudió que «ni siquiera se conformó la Comisión Bicameral de Privatizaciones que estaba prevista en la propia ley y ningún ‘republicano’ dice nada».

«¿Dónde están? Ya frenaron CAREM, desfinanciaron CNEA y DIOXITEK. Lo que que le resta a Milei es vender NASA. A la Ley Bases hay que derogarla. Y a todas estas privatizaciones frenarlas y revertirlas», concluyó.

Por su parte, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana, destacó que Nucleoeléctrica no es una empresa deficitaria y que su privatización «significa la desactivación del plan nuclear argentino, la paralización del Carem y fuga de cerebros».

«La decisión del gobierno de Milei responde sólo a un alineamiento geopolítico en detrimento del interés nacional, que amenaza nuestra seguridad y debilita aún más la posición internacional de la Argentina y su desarrollo científico-tecnológico», completó.

La explicación oficial

El Ejecutivo sostiene que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá:

  • Financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).
  • Completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II.
  • Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.

Informe especial: ¿El último clavo en el cajón del CAREM?

Un récord en generación nuclear

En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.

El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.

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