Se realizó esta mañana la primera audiencia de conciliación entre el gobierno de la provincia y dos familias que habitan en la zona de los perilagos, en la región de los diques, departamento de El Carmen. El trámite, que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial, se inició con una intimación de desalojo del Estado provincial, que pretende avanzar con un proyecto inmobiliario que implica el loteo de tierras que son ocupadas por gente que practica la agricultura y ganadería de subsistencia por varias generaciones.
Hugo Rodríguez integra una de las dos familias que el gobierno quiere desalojar. En su caso, fueron denunciados por la Fiscalía de Estado por «turbación».
«Nosotros somos legítimos poseedores de antaño de este predio de Las Urracas, siempre dedicados a la agricultura familiar y la ganadería de subsistencia», afirmó Rodríguez en diálogo con El Submarino Radio, y agregó: «Es un acto absolutamente discriminatorio. Mientras otras personas hacen modificaciones en sus predios, alambrados olímpicos, chalets, mientras entregan arbolitos en la Plaza Belgrano por el Día del Árbol, en estos momentos la Agencia de Desarrollo Sostenible en este momento está desmontando en la zona de los diques. Tengo fotografías que corroboran lo que estoy diciendo».
La Organización Campesina de los Perilagos, junto a otros colectivos de la zona, se hicieron presentes en la audiencia para expresar su apoyo. «Ellos también están sufriendo estos ataques y presiones por parte del estado. Es muy grave», afirmó Rodríguez.
«Dentro de nuestra cosmovisión, entendemos que somos parte de la naturaleza, no somos sus amos», definió.
Rodríguez hizo referencia a la derogada ley 5365, que declaraba la zona como área natural protegida, y citó: “La puesta en funcionamiento de las áreas naturales protegidas de los diques corresponde una prioridad ineludible del gobierno como estrategia articuladora de los territorios; en primer lugar la jerarquización de las características territoriales específicas, sus riquezas paisajísticas a potenciar, los diques, su diversidad biológica, la riqueza y diversidad del ecosistema y su gente, le imprimen a la zona de los perilagos una particular identidad natural y cultural».
Remarcó luego una parte de esa legislación que, a su entender, es fundamental: «En segundo lugar, la participación organizada y sistemática de la población local no es solo un requisito ineludible en los procesos de desarrollo local sino que es la única garantía de una efectiva política de conservación y desarrollo de dichas áreas. La población que vive en dichas áreas constituye su mejor custodio y garante, y es a ellos a quien se debe apostar, educar, concientizar y fortalecer».
La denuncia por «turbación» que presentó el Estado provincial contra estas familias se originó en un trabajo de alambrado que estaba haciendo la familia Rodríguez en el predio donde habitan. «Nosotros estamos aquí hace cuatro generaciones. Mis abuelos llegaron en 1940, después siguió mi madre, yo y ahora mi hijo», señaló Hugo.
«Además en una notificación que me realiza la Agencia de Desarrollo Sostenible hablan de ´’la supuesta explotación ganadera’, poniendo en tela de juicio que eso sea cierto -continuó-. Además no hacemos ganadería extensiva, es todo de subsistencia».
Pero la presión no llega solo en forma de denuncias, ya que las familias están padeciendo también acciones como el corte de sus alambrados. «Vamos a usar los métodos necesarios para corregir ese ataque», advirtió Rodríguez.
«Sabemos que hay intención de despojarlos de sus posesiones; posesiones que hoy el estado provincial está cuestionando. Esto tiene que ver con la intención del estado provincial de implementar finalmente la ley 6046, con el fin de urbanizar la zona de los perilagos -explicó a El Submarino Radio-. Esta ley fue aprobada en 2017 pero no se pudo llevar adelante porque las familias campesinas cuestionaron su constitucionalidad, porque claramente la intención es lotear la zona y someterla al negocio inmobiliario».
De llevarse adelante el proyecto del gobierno, afirmó Álvarez Carreras, «se va a afectar todo el ecosistema de la zona de perilagos, que además es el pulmón verde más cercano a San Salvador de Jujuy».
La letrada recordó que está vigente la ley de agricultura familiar, que reconoce estos derechos posesorios de las familias campasinas, como así también una resolución de la ONU que exige a los estados reconocer los derechos de las familias campesinas e indígenas sobre las tierras que habitan y trabajan.
«Consideramos que es una afrenta del Poder Ejecutivo, porque lo que no funciona por otras vías, lo intenta judicialmente para lograr sus objetivos, que son económicos», sentenció.
Sobre la denuncia presentada contra las familias, la abogada aseguró que «el Estado ha fundamentado de manera insuficiente, porque no basta con decir que no reconoce que estas personas sean poseedoras, cuando hay pruebas. Gerardo Morales no puede desconocer la existencia de estas familias, porque hay constancias de que esto es así».
«Una de las demandadas tiene 86 años, así que imagínese si no habrá constancia», agregó.