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Con la publicación de la resolución 1319/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei implementó un nuevo régimen de acreditaciones para la prensa en la Casa Rosada. Entre los cambios centrales, se exige una declaración jurada obligatoria y se aplicará una “matriz de evaluación objetiva”.
La medida, firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, entra en vigencia de manera inmediata y establece un procedimiento más riguroso que el que regía desde 2024.
El nuevo esquema endurece los requisitos para periodistas y medios que deseen cubrir actividades oficiales dentro de la sede del Poder Ejecutivo.
casa rosada-resolucion acreditaciones-21may2025Las nuevas reglas
A partir de ahora, los interesados en acreditarse tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar su solicitud. El nuevo período de acreditación regirá desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, y será evaluado por la Subsecretaría de Prensa, que asume un rol clave como autoridad de aplicación.
Según lo dispuesto, los criterios de evaluación serán más exigentes, aunque no se especificaron cuáles serán los parámetros concretos de esa “matriz objetiva”. Esto genera preocupación en sectores del periodismo que advierten sobre posibles filtrados arbitrarios o discrecionales en el acceso a la información oficial.
Entre lo que se detalló, el Gobierno evaluará el reconocimiento del medio, sus métricas y rating, y la trayectoria del periodista.
casa rosada-resolucion acreditaciones-21may2025-anexo 2La resolución indica en su Anexo 2 que el medio deberá declarar su índice de medición de audiencia y alcance obtenido durante los 90 días corridos inmediatos anteriores a la solicitud, como también el alcance geográfico de cobertura. «La declaración de medición de audiencia y alcance del medio de comunicación deberá estar respaldada por métricas verificables mediante herramientas reconocidas en la industria —como Google Analytics, IBOPE, u otras que resulten pertinentes según el tipo de medio, convencional o no convencional—, pudiendo la Autoridad de Aplicación verificar su exactitud».
Además, una vez que se otorga la acreditación, los medios deberán volver a declarar su medición de audiencia y alcance a los seis meses. Y se establece que «en caso de no presentar esta información, o si el nuevo índice declarado refleja que el medio ha dejado de tener alcance masivo, la acreditación podrá ser suspendida temporalmente hasta tanto se regularice la situación o se acredite nuevamente el cumplimiento de los requisitos exigidos».
Además, la normativa redefine el aforo permitido en espacios como la sala de conferencias de prensa y la sala “Decano Roberto Di Sandro”, con el objetivo —según explican desde el Ejecutivo— de evitar aglomeraciones, optimizar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las actividades gubernamentales. Serán permitidos 25 periodistas en la sala de prensa y 36 en la de conferencias.
Asimismo, el Gobierno emitió advertencias sobre el correcto trato entre colegas, quienes podrían ser expulsados y revocada su acreditación en caso de no comportarse de manera respetuosa con sus colegas o con los funcionarios. Se exigirá también un código de vestimenta «formal».
Al momento de solicitar la acreditación, el medio tiene que presentar una nota firmada por el jefe o editor responsable y los datos personales del periodista: el nombre, el DNI, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el teléfono, el correo electrónico y el currículum.
También una constancia «que acredite la existencia y vigencia de la vinculación, relación de dependencia u otra, entre el medio de comunicación solicitante y los Profesionales de la comunicación y/o representantes del medio en cuestión».
Finalmente, una declaración jurada sobre el carácter nacional o internacional del medio, el índice de medición de audiencia y alcance geográfico, y otra en la que los periodistas se comprometen «a respetar las reglas de convivencia establecidas» y «acredite su trayectoria en materia de cobertura de gestión gubernamental, política y/o temas vinculados».
Críticas, dudas y falta de transparencia
El Gobierno sostiene que esta actualización normativa busca “garantizar el acceso a la información pública de forma objetiva, plural y transparente”.
Sin embargo, no se aclara si habrá instancias de apelación para aquellos periodistas o medios cuyas solicitudes sean rechazadas, ni qué ponderaciones aplicará la matriz de evaluación.
Desde organizaciones que nuclean a trabajadores de prensa y medios de comunicación, ya se plantean interrogantes sobre la discrecionalidad que puede implicar esta nueva política de acceso, en un contexto donde la libertad de expresión y el derecho a la información siguen siendo puntos sensibles en la agenda pública.
