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El gobierno de Jujuy difunde números de embarazo adolescente menores de los que le dio a Unicef

Según el gobierno provincial, en 2015 hubo 19 embarazos adolescentes por cada 100 mujeres en gestación, cifra que en 2016 bajó a 18 y en 2017, a 16,2. Sobre las dos primeras mediciones, sin embargo, datos de Unicef -que aparecen en el Protocolo que elaboró con el propio Ejecutivo jujeño- muestran que el problema creció del 19 por ciento en 2015 al 20,4 en 2016.

Los números absolutos plasmados en el informe de Unicef sí muestran una disminución en la cantidad de adolescentes embarazadas, pero resulta preocupante la proporción de ellas en relación a la totalidad de mujeres en gestación.

A partir de la campaña iniciada por sectores que se oponen a la Educación Sexual Integral en las escuelas, establecida por ley nacional desde 2006, desde el gobierno de la provincia salieron a defender su aplicación destacando las capacitaciones de docentes que se están llevando adelante desde el ministerio de Educación.

Para apoyar la idea de que es necesaria la ESI para prevenir embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual y abusos, comenzaron a difundirse datos que dispararon la polémica. Esa amplia difusión puso de relieve la falta de estadísticas confiables y de trabajo articulado entre áreas diversas, como Salud y Educación, a pesar de los anuncios en contrario.

Una funcionaria comentó que en una escuela de San Salvador de Jujuy hay en este momento 30 alumnas embarazadas. En algún medio nacional se identificó como “una escuela municipal” el establecimiento en cuestión, lo que motivó la desmentida de parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que aseguró que en la Marina Vilte, el establecimiento de su jurisdicción, no hay estudiantes embarazadas.

La cobertura del tema pasó entonces a Alto Comedero, donde aparentemente hay una escuela en particular que tiene altos índices de embarazos.

La ministra de Educación, Isolda Calsina, y su par de Salud, Gustavo Bouhid, hablaron con medios nacionales con la intención de echar luz a la cuestión. Sin éxito. Lo que quedó en evidencia, una vez más, es el modo por lo menos desprolijo con que se manejan las estadísticas oficiales en Jujuy. En algunos casos, no están disponibles; en otros, parecen acomodarse a cada momento según la conveniencia.

El show de los datos

Como para pasar en limpio los números y con el fin de derrotar a la confusión, la ministra de Educación Isolda Calsina dio entrevistas a medios de Buenos Aires en las que precisó algunas estadísticas sobre embarazo adolescente, datos que después se difundieron en un parte de prensa que emitió el Gobierno de Jujuy.

Dice el Ejecutivo provincial que en el año 2015 se registraron en Jujuy 19 embarazos en adolescentes por cada 100 mujeres en gestación; al año siguiente fueron 18, y en 2017, el número bajó a 16,2.

Esta reducción fue exhibida como producto del “impacto favorable” de la implementación de la ESI en el área educativa y la ENIA en Salud, además del trabajo desarrollado desde el ministerio de Desarrollo Humano en coordinación con el gobierno nacional y Unicef.

El ministro Bouhid se animó incluso a dar el dato de 2018, que según sus fuentes sería de 13 adolescentes embarazadas por cada 100 mujeres en gestación. Al menos en lo que va del año, claro.

En la página de Unicef está publicado el Protocolo completo, donde también se ofrecen estadísticas. El dato de 2015 coincide con el informado por el gobierno provincial: 19 por ciento. La sorpresa es que para 2016 el informe pone 20,4 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años por cada 100 mujeres en gestación, un número que no solo es mayor al 13,64 que informó el gobierno provincial sino, y esto sería lo más grave, que muestra un aumento respecto del año anterior.

En el parte oficial se intenta explicar el origen de la confusión respecto de los supuestos 30 embarazos en una sola escuela. Dicen que un relevamiento mostró que, en mayo pasado, “en una escuela de gestión no estatal capitalina” había 14 adolescentes en período de gestación, además de 11 madres y un padre.

Abuso

El escandalete provocado por los datos que se difundieron sobre embarazo temprano salpicó además al Poder Judicial de Jujuy. Era inevitable, puesto que al hablar de adolescentes es necesario hablar también de abuso. Y aquí los datos se desdibujan, las miradas se desvían y las declaraciones de los funcionarios parecen titubear.

Salieron a hablar el fiscal penal Darío Osinaga Gallacher y su ayudante Patricio Zarzuri, en nombre del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal informó que luego de haber conocido las informaciones difundidas el martes pasado que hacían referencia a 30 adolescentes embarazadas en una escuela de Alto Comedero, dio inicio a una investigación de oficio.

Patricia Morales, responsable de la ESI del Ministerio de Educación de Jujuy y la primera funcionaria que tiró ese número de embarazos adolescentes en una sola escuela, fue quien recibió el pedido del fiscal para que aclare sus dichos. Según refirió Osinaga Gallacher, la información “fue tergiversada”, ya que esas estadísticas corresponderían a la suma de tales situaciones en varios establecimientos de la provincia, y no en uno solo.

La actuación de la fiscalía, explicó el funcionario judicial, se inició a partir de la mención de embarazos en niñas menores de 12 años, es decir, producto de abuso sexual. Esto está previsto en el Código Penal de la Nación: no puede hablarse de consentimiento porque se considera que a esa edad no hay discernimiento.

Osinaga Gallacher dijo que el relevamiento que él mismo ordenó arrojó resultados negativos: no hay ninguna menor de 12 años que esté embarazada, aseguró. Sí en cambio hay alumnas de entre 13 y 19.

Dijo el fiscal que, ante un caso de abuso, el MPA puede actuar solo si hay una denuncia, porque se trata de un delito de instancia privada. Salvo, aclaró, en los casos en los que esté por encima de todo el interés del niño. Pero no explicó cuáles serían los casos de abuso en los que no estuviera por encima de todo el interés del niño.

Con denuncias o sin ellas, Osinaga Gallacher está en condiciones de asegurar que aumentaron las situaciones de abuso sexual infantil, que como ya se sabe se producen en gran número en el seno de la propia familia, razón por la que no siempre se denuncian.

Sobre este tema se refirió también Patricia Morales, en la entrevista que concedió a El Submarino Jujuy. Al comentar la movida organizada el domingo pasado en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy por quienes se oponen a la ESI, la funcionaria destacó que la educación sexual en las escuelas es importante también porque les da a los niños y adolescentes las herramientas necesarias para detectar si están frente a una posible situación de abuso. Y agregó que muchas de las personas que se oponen a la ESI no quieren hablar de este aspecto porque, precisamente, los abusos ocurren mayormente en el seno familiar.

Interna ministerial

Como no podía ser de otra manera, el tema de los embarazos adolescentes evidenció además la falta de articulación entre distintas áreas del Estado provincial, e incluso internas y disputas por ocupar un lugar de relevancia.

La Educación Sexual Integral (ESI), por ley nacional, es implementada por el Ministerio de Educación. Por otro lado, está la ENIA, que es la sigla de Embarazo No Intencional Adolescente y refiere a un programa, también nacional, que se lleva adelante en el área de Salud y que fue presentado en Jujuy en mayo pasado.

En ocasión de dicha presentación, el Gobierno provincial anunció que se iba a trabajar “interministerialmente”, donde Salud se ocuparía de las consejerías en salud sexual y reproductiva y de los métodos anticonceptivos; Educación iba a capacitar a docentes y avanzar en la implementación de la Ley de ESI, y Desarrollo Humano abordaría la cuestión a través de dos de sus secretarías: la de Niñez, Adolescencia y Familia y la de Paridad de Género, sobre todo con la población infantil y adolescente no escolarizada y con la población adulta en general, “promocionando los derechos en infancia y adolescencia desde una perspectiva de género en las comunidades”.

Desprotección

El director de Maternidad e Infancia, Antonio Buljubasich, afirmó que Jujuy tiene los índices de  fertilidad más altos que la media del país, y que lo mismo ocurre con los embarazos adolescentes, el 70 por ciento de los cuales son no planificados.

Mientras los datos van y vienen, y se suman los comunicados y las conferencias de prensa, las niñas y adolescentes de Jujuy, en muchos casos, siguen estando en una situación de desprotección por parte del Estado.

Si bien la ESI se está dando, con los límites impuestos en parte por los propios docentes y directivos de las escuelas, la contundencia de los datos hace urgente un abordaje integral, que debería incluir un aspecto del que no se ha hablado lo suficiente: los recortes en la provisión de anticonceptivos y preservativos, y el achicamiento de la atención del camión de la mujer.

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