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Por Javier Bach Bilbao. Tres funcionarios de La Libertad Avanza acumulan denuncias por inmuebles no declarados. El caso más escandaloso ya cobró su primera baja: Frugoni fue despedido. La moral como política de Estado, pero solo en los discursos.
Hay una frase que Javier Milei repitió hasta el hartazgo: “La moral es la base de todo”. Con esa vara conviene medir lo que está pasando: al menos tres funcionarios del actual gabinete enfrentan causas judiciales por propiedades que no figuraban (hasta que la prensa las encontró), en sus declaraciones juradas patrimoniales. En countries bonaerenses y en condominios de lujo en Miami y Palm Beach. Uno de ellos ya no tiene cargo. La transparencia, al parecer, tiene sus límites geográficos.
El arquitecto que tuvo que irse
Un caso acaba de tener desenlace. El Poder Ejecutivo oficializó este martes la renuncia de Carlos Frugoni al cargo de Secretario de Coordinación de Infraestructura mediante el Decreto 286/2026, en el que también se formalizó la designación de su sucesor, el arquitecto Fernando Herrmann.
Desde la Presidencia lo definieron sin rodeos: “fue un despido”. En Economía, en cambio, dijeron que fue Frugoni quien puso la renuncia sobre la mesa para “aclarar su situación”.
El escándalo estalló cuando se supo que no declaró siete propiedades en Miami y Palm Beach, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware. Uno de los inmuebles obtuvo una exención impositiva de US$ 50.500 como “residencia principal permanente”, pese a que Frugoni vive y trabaja en Argentina.
Cuando el periodista Nicolás Wiñazki lo confrontó, no intentó desmentir nada: “Es todo verdad, me equivoqué.”
El hombre a cargo de supervisar licitaciones y concesiones de obra pública se había olvidado de siete departamentos en Florida. Cosas que pasan.
El vocero que no sabía lo que tenía
El primero en quedar bajo la lupa fue Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete. Su declaración jurada de marzo de 2025 omitió una casa en el country Indio Cuá, adquirida a nombre de su esposa. Tratándose de un bien ganancial, la obligación de declararlo era ineludible.
Cuando la prensa lo acorrałó, respondió con la soltura que lo caracteriza: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado.”
Era mentira, o algo muy parecido. La casa recién apareció ante la Oficina Anticorrupción cuando la causa por enriquecimiento ilícito ya estaba avanzada.
A eso se suma un departamento en Caballito comprado en noviembre de 2025 por U$S 230.000, financiado con hipoteca no bancaria, sin vender ninguna propiedad anterior, con un sueldo de tres millones de pesos mensuales. El expediente lo llevan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
El recaudador que evadía
El tercer caso carga con la ironía más pesada. Andrés Vázquez es el titular de ARCA, el organismo heredero de la AFIP, creado para perseguir exactamente lo que se le imputa a él: ocultar bienes y evadir impuestos. La investigación apunta a tres propiedades en Miami valuadas en más de 2,1 millones de dólares, adquiridas mediante sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostuvo que Vázquez “maliciosamente obvió” informar su patrimonio y pidió su indagatoria, con posibles extensiones a lavado de activos y evasión tributaria.
El encargado de cobrarles los impuestos a los argentinos, investigado por no declarar los suyos. La ironía tiene rango institucional.
Cuando Milei llegó al poder, prometió terminar con los privilegios de quienes medran a la sombra del Estado. Hoy, tres de sus funcionarios más importantes acumulan causas por exactamente eso: bienes ocultos, sociedades en paraísos fiscales y declaraciones que no cierran. Frugoni ya se fue. Las causas, y las propiedades, siguen en pie.
