La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por mantener la prisión domiciliaria de Milagro Sala y le exigió al organismo que la dirigente social “termine de cumplir su condena tras las rejas” y no mediante el beneficio que se le otorgó por los graves problemas de salud que atraviesa.
El pedido fue confirmado a través de un comunicado del Ministerio de Justicia. El texto sostiene que Sala “fabrica un relato para sostener un privilegio” y la acusa de ser “un criminal (sic) que robó a los pobres”.
“Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar impunidad», dice el comunicado, y sentencia: «Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”.
El planteo fue hecho a la Corte CIDH, organismo que al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso de Sala, privada de la libertad desde hace 10 años.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) February 5, 2026
La salud de Milagro
La dirigente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata desde 2023, afectada por una trombosis venosa profunda que fue tratada en el Hospital Italiano de esa ciudad porque en Jujuy no se contaba con los equipos adecuados. Actualmente presenta un cuadro crónico complejo, con medicación permanente.
A esta situación se sumó un frágil estado emocional ante el inminente aniversario de la muerte de su hijo, ocurrida en 2023, meses antes de que falleciera su esposo y compañero de vida, Raúl Noro.
El 28 de diciembre pasado, Milagro Sala fue internada en el área de Salud Mental del hospital de Gonnet tras una descompensación que puso en riesgo su vida. Le dieron de alta el 20 de enero, con indicaciones médicas específicas tanto de medicación como de asistencia a ese centro de salud para su supervisión.
‘Política de cuarta’
En diálogo con El Submarino, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que integra el equipo de defensa de Milagro Sala, aclaró: «El Estado argentino hace algo más de un año ya había pedido lo que hicieron público hoy, que es el retiro de las medidas cautelares de la Corte Interamericana a favor de Milagro».
«No hay ninguna novedad en lo que quieren pasar noticia hoy -analizó-. Deberá tener que ver con la necesidad de volver a usarla a Milagro para hacer política de cuarta».
Por otro lado, reveló que «mientras niegan un hostigamiento contra ella, después de un intento de suicidio hace 20 días y con un cuadro de salud mental, el Poder Judicial de Jujuy no la autoriza a ir a atenderse con el psiquiatra».
«Estas son las barbaridades con las que estamos viviendo hoy, y con esa publicación lo único que hacen es agravar su sufrimiento», concluyó.
Hostigamiento judicial y verbal
Además del constante hostigamiento judicial que el quipo de defensa de Milagro viene denunciando desde hace años, el comunicado difundido este jueves por la Subsecretaría de DDHH utiliza un lenguaje más propio de los odiadores de redes sociales que de informaciones oficiales.
El gobierno de Milei pide es que Milagro «termine de cumplir su condena tras las rejas” y dice que “debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes”.
“Esta medida de la CIDH (sic) se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres pese a tener una condena firme”, dice el texto que confunde la denominación del organismo y que tergiversa el momento y las condiciones en que Sala fue detenida.
Además, en el texto se insiste en acusar infundadamente a Sala de “violar las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez”.
“En la nueva Argentina del Presidente Javier Milei, se terminaron los privilegios de la casta que se enriquecen (sic) a costa de los argentinos de bien”, enfatiza el escrito.
Para los genocidas, la libertad
Joaquín Mogaburu, actual subsecretario de DDHH de la Nación, fue secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, donde tramita la polémica “Causa de los cuadernos”, y director de DDHH del Ministerio de Defensa.
En varias oportunidades abogó por la liberación de los genocidas detenidos y acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Su intención, explicitó, es «desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.
Lo que ordenaron los organismos internacionales
En el libro Jujuy, el laboratorio de la represión, las autoras Elizabeth Gómez Alcorta y Valeria Vegh Wels repasan: «El 27 de julio de 2017, la CIDH dictó la resolución 23/2017 en la cual otorgó medidas cautelares en su favor. En concreto, les ordenó a las autoridades competentes que adoptasen medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, para proteger así los derechos a la vida e integridad personal».
Y prosiguen: «Para llegar a aquella decisión, se valoró el maltrato de las autoridades penitenciarias hacia su persona, el régimen de vigilancia extremo y los efectos que el encierro traía a su salud. Un dictamen médico daba cuenta de ello: Milagro padecía palpitaciones, ansiedad generalizada, ideación suicida, rasgos paranoides, sensación de ahogo, indefensión e hipobulia».
«Es así como la CIDH observó que, dado su estado emocional y la autolesión, la vida de Milagro se encontraba en serio riesgo. Se agregó que el Estado Argentino se encontraba en incumplimiento con sus obligaciones internacionales, en tanto no había actuado conforme a la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria», completan.
Finalmente, las resoluciones de organismos internacionales forzaron la prisión domiciliaria de Milagro, que se concretó en 2018 luego de una serie de maniobras del Poder Judicial para evitarlo.
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