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El viernes pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el decreto número 117/2024 -que será publicado este lunes- mediante el cual ordena la intervención de los medios públicos nombrando para esa tarea a Diego Chaher y Diego Marías, interventor y adjunto respectivamente. Los funcionarios tienen un plazo de un año y reemplazan al directorio de las empresas estatales.
Los interventores tendrán a cargo Educ.Ar Sociedad del Estado, de la agencia de noticias estatal Télam, de Radio y Televisión SE -la firma que contiene la TV Pública, Radio Nacional y las FM estatales- y de la firma Contenidos Públicos, que contiene las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, además del Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA).
Chaher es abogado y tiene un largo recorrido en las áreas legales de diferentes empresas, especialmente de medios. Fue director de Asuntos Legales Grupo Supercanal, director de TVEO Producción Audiovisual y Gerente Corporativo de Asuntos Legales del Grupo América Interior/ América TV, del empresario Daniel Vila.
Marias, de 49 años, es un abogado con experiencia en los tres poderes del estado: fue consejero de la Magistratura, legislador porteño y también jefe de Gabinete del Ministerio de Educación de la Nación. También se desempeñó en el sector privado.
El decreto, que lleva las firmas de Milei y del ministro del Interior Guillermo Francos, establece que la intervención está fijada por el plazo de un año, aunque podría ser prorrogado por única vez por la Jefatura de gabinete de ministros, a cargo de Nicolás Posse. Durante este período los funcionarios designados toman el rol de los directorios de los medios estatales que quedarán bajo su órbita.
Según la normativa, los funcionarios designados tendrán la responsabilidad de elaborar un plan de reformulación y readecuación para las sociedades, el cual deberá ser presentado al Poder Ejecutivo nacional para su consideración.
Asimismo, tendrán la facultad de evaluar y, si es necesario, modificar el Estatuto para el Personal del organismo, así como también el régimen de administración de fondos y el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios.
