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El Gobierno deberá dar explicaciones a la Justicia por el cierre del Hospital Bonaparte

El juzgado Criminal y Correccional 44 le exigió al Ministerio de Salud de la Nación que en 24 horas entregue información sobre el cierre de los servicios del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, qué plan tiene para las personas internadas y, si van a ser derivadas, adónde.

Así lo informó el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de su cuenta de la red social X.

La decisión del juzgado se produce por el hábeas corpus que presentó el organismo este domingo y ante la falta de respuestas de las autoridades del hospital donde se atienden más de 550 adultos y 360 niños, niñas y adolescentes.

Trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte denunciaron que el Gobierno ordenó el cierre total del centro de salud, mientras manifestantes se congregan en el lugar para protestar contra de la medida.

Desde el viernes está la amenaza de que este lunes llegará la publicación del Boletín del cierre total. A las 15 volverán a realizar una asamblea para analizar cómo sigue el plan de lucha.

«Es un hospital nacional de referencia en salud mental, sería catastrófico si cierra. Los números que dan no son reales. Trabajamos con mucha población, quedarían miles sin atención, sin sus derechos garantizados», afirman sus más de 600 trabajadores que siguen con el plan de lucha. Qué sucede con los pacientes internados.

Este lunes, una multitud llevó adelante un abrazo simbólico al Bonaparte (ex Cenareso), que es centro nacional de referencia en salud mental.

Días atrás el establecimiento se quedó sin guardia, sin internación y sin atención a la demanda espontánea, por decisión del flamante ministro de Salud de Nación, Mario Lugones.

Para justificar la «reestructuración» y el eventual cierre, el Gobierno argumenta que tiene baja demanda, algo que la comunidad médica refuta con números.

Testimonios

Noelia es médica generalista del servicio de Salud Integral, desde que se creó hace 4 años dentro del Bonaparte. Actualmente atiende principalmente a población LGBTTIQ+, acompañando procesos de modificación corporal, hormonización. «Garantizando derechos y acceso a esta población bastante vulnerada durante mucho tiempo», relató al diario Tiempo. En su área se hacen controles de salud, se garantiza el acceso a anticoncepción y a la salud sexual integral, y el cumplimiento de la ley IVE. La apertura del servicio en 2020 permite a la comunidad recibir no solo atención en cuestiones de salud mental sino a la salud en general.

Define a la situación con una palabra: «Pésima». El viernes les avisaron que cerraba guardia, internación y demanda espontánea. Así arrancaron el plan de lucha, esperando si llega la notificación del gobierno nacional del cierre total.

«El hospital tiene las puertas abiertas, estamos trabajando, y sostenemos la lucha con trabajo», afirmó.

Para la médica, «sería catastrófico si el hospital cierra, quedarían miles sin atención, sin sus derechos garantizados».

Y completa con una reflexión: «Más allá de lo profesional, estoy anonadada como persona humana, no puedo creer que exista la posibilidad del cierre de un hospital, esto no sucede desde la dictadura militar, es gravísimo y atrasa mucho».

Un hospital modelo

Amelia Rébori es trabajadora desde hace 11 años, de cuando se llamaba Cenareso: «Somos hospital modelo, referente en todo el país, alineado a la Ley de Salud Mental, entendemos y trabajamos desde un paradigma de derechos humanos, entendemos que los padecimientos subjetivos de los pacientes que llegan tienen que ver con derechos humanos, por eso lo abordamos de manera interdisciplinaria».

No solo ofrecen psicología, psiquiatría o trabajo social. Sino también musicoterapia, nutrición, kinesiología, pediatría, acompañantes terapéuticos, incluso odontología y salud integral, cubriendo demandas espontáneas.

Desde el viernes está la amenaza de que este lunes llegará la publicación del Boletín del cierre total. «Por eso decidimos permanencia total en el hospital, tenemos 40 pacientes internados, además de más de 500 personas por día para consultorios externos y todos los que se siguen acercando a la guardia, incluso hoy. Hasta seguimos con el 0800 que trabaja las 24 horas y siguió funcionando este fin de semana con nuestra permanencia acá. Es mentira que no estamos trabajando», aclara.

A las 15 volverán a realizar una asamblea para analizar cómo sigue el plan de lucha. No tienen más noticias oficiales desde el viernes. «Estamos sin contrato –agrega Amelia–, por que en septiembre finalizaron. Nos encontramos en condiciones inciertas, hace un mes y medio despidieron a 33 compañeros, y el gobierno cerró de un plumazo un área muy sensible, el abordaje territorial en Maciel, así que solo continúa el trabajo en territorio en Zavaleta, Fiorito, Carcova».

Y añade: «un fuerte de nuestro abordaje es lo ambulatorio, los consultorios externos. Porque concebimos que la lógica de manicomialización va en contra del derecho humano. Por eso no entendemos los números falaces que da el gobierno, y para nosotros la salud mental y los pacientes no son cuestión de números, son una cuestión de derechos humanos«. Sostiene que esta medida no solo implicaría dejar 662 trabajadores en la calle y gente sin atención, sino también una comunidad sin hospital.

Remarca que ayer hubo más de 150 organizaciones que vinieron a una asamblea solidaria que llevaron adelante, tras un festival para infancias: «Nos acompaña la fortaleza de la comunidad, también se da porque hacemos un trabajo silencioso y muy articulador, tenemos un área de formación donde capacitamos gratuitamente profesionales de todo el país».

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