El Gobierno anunció que las siete empresas de medicina prepagas que nuclean el 75% de los afilados van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre de 2023 y recalcularlos en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que por disposición de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía siete empresas del sector tendrán que aplicar este índice para ajustar las cuotas por el plazo de 6 meses.
El dictamen obliga además a las compañías a cesar cualquier intercambio de información y a aportar datos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre cantidad de afiliados y precios nominales de los planes de salud ofrecidos.
«La Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre», remarcó el portavoz del presidente Javier Milei, y agregó: «El Gobierno del Presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas desde ningún punto de vista”.
El dictamen sostiene que «siete empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que preside la misma», deben cumplir con los siguientes requerimientos:
- Por el plazo de seis meses, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial de diciembre de 2023 multiplicada por 1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente.
- Cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
- La medida preventiva ordena además a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes.
El Gobierno detalló además que las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida cautelar son las empresas de medicina prepaga:
- Galeno Argentina
- Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil
- Hospital Alemán Asociación Civil
- Medifé Asociación Civil
- Swiss Medical
- Omint
- OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios
- Unión Argentina de Salud (UAS)
- Claudio Belocopitt, «en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical y de la UAS».
La investigación en curso se realizó a partir de una denuncia por parte de legisladores de la Coalición Cívica por cartelización en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga.
A la disposición, se suma la medida cautelar que presentó la Superintendencia de Salud ante la Justicia, tal y como anticipó semanas atrás Noticias Argentinas, para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre.
“Este organismo no controla más los precios pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, aclararon.
De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes. El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.
Avaladas por el mega DNU de Milei, las compañías subieron cerca de 200 por ciento sus precios en cuatro meses sin ningún control de parte del Gobierno. A eso se le sumó que la Secretaría de Comercio derogó una resolución que exigía un informe periódico a las empresas de medicina privada sobre el valor de las cuotas.
Mientras tanto, en la Justicia se acumulan las denuncias y pedidos de amparos contra los aumentos desmedidos.