Amparado por la Ley Bases, el Gobierno de Javier eliminó programas de control ambiental y participación social en la actividad minera. A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, el Gobierno argumentó la necesidad de llevar adelante una «reducción del sobredimensionamiento de las estructuras estatales» en un sector clave de la economía y con fuerte impacto ambiental.
La medida deroga el «Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería», que había sido creado a través de la Resolución 53/2022 para «promover la cooperación técnica y financiera con las provincias» y asegurar que los gobiernos locales pudieran supervisar y mitigar los efectos colaterales de la explotación minera a gran escala.
De esta manera, la administración libertaria suprimió un programa clave para el cuidado del medio ambiente bajo la excusa de que «debe ser reemplazado por mecanismos alternativos más eficientes».
Sin embargo, en la resolución que eliminó el plan de monitoreo ambiental no hizo siquiera una alusión a posibles alternativas.
Además, en el mismo texto, el Gobierno desactivó el «Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino», el «Plan Nacional de Minería Social» y la «Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas».
En todos los casos, la justificación fue la misma: una supuesta pérdida de operatividad de cada uno de los programas.
Bajo esa lógica, el Ejecutivo planteó que las tareas de las estructuras eliminadas deben ser «absorbidas por nuevas instancias de coordinación». ¿Spoiler? Tampoco brinda detalle alguno sobre esas «nuevas instancias».
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