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La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, anticipó hoy que se extenderá el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que congela alquileres y prohíbe desalojos, así como el que mantiene las cuotas de las hipotecas UVA, en el marco de las medidas destinadas a paliar los efectos económicos relacionados con la pandemia de coronavirus.
«Los dos decretos ya están escritos, lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila porque entendemos que estos meses han sido difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia», dijo Todesca Bocco en declaraciones a radio La Red.
«Nos parece que hay que acompañar a la gente que alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos UVA para vivienda única de hasta 120.000 UVAs también seguir con el congelamiento, y luego hacer un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de manera tal que para las familias no sea un golpe de un día para el otro», señaló.
De esta manera se definió la extensión de la vigencia del DNU 320, que prohíbe los desalojos y prorroga de manera automática los contratos, y del 319 que congela la cuota de las hipotecas UVA, los cuales vencen el 30 de septiembre próximo.
En principio, la Federación de Inquilinos Nacional -así como un proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados por la diputada Fernanda Vallejos- sostienen que la prórroga debería extenderse hasta el 31 de marzo de 2021.
Todesca Bocco, en un reportaje posterior, en Radio Con Vos, dejó entrever la posibilidad de que la extensión sea más allá del 31 de diciembre próximo y que los dos DNU se firmarán en el transcurso de las próximas horas.
Esta mañana, la Federación de Inquilinos Nacional señaló -en un comunicado- que «la extensión del decreto y la ley de alquileres son dos medidas profundamente protectoras que desde la Federación vamos a defender hasta su total cumplimiento por parte del mercado inmobiliario».
De acuerdo con un estudio del Idaes y el CELS referido a «la situación crítica de los hogares inquilinos», más de un 66,6% de quienes pagan alquiler en AMBA tuvieron que endeudarse durante el último mes y el 42,3% tiene deudas de alquiler.
Según la encuesta, la perspectiva de los inquilinos sobre su futuro es pesimista: el 43,8% piensa que deberá empeorar su calidad habitacional y tomar decisiones que implican hacinamiento o un mayor uso del transporte público, dos consecuencias que van en contra de las medidas para enfrentar la pandemia.
De ese 43,8%, un 18,6% afirma que se irá a vivir con otros parientes, un 15% se irá a una vivienda más chica, un 7,1% se irá a una vivienda alejada de su vida cotidiana y un 3,1% se resignará a vivir en una vivienda más precaria.
En las últimas semanas, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de «ley de emergencia inquilina», que contempla la posibilidad de ofrecer préstamos a tasa cero a quienes tengan deudas en el contrato de alquiler de sus viviendas generadas a partir de marzo último, cuando comenzó aislamiento por el coronavirus.
La iniciativa fue presentada en la Legislatura porteña por los diputados Leandro Santoro y Santiago Roberto (FdT), y cuenta con el apoyo de Gervasio Muñoz, referente nacional de la organización Inquilinos Agrupados (IA).
«En la Ciudad de Buenos Aires hay 190.000 hogares inquilinos que tienen deudas, que no pueden pagar el alquiler», dijo Muñoz, y agregó: «Lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad financie con un crédito a tasa cero esas deudas y que los inquilinos y las inquilinas puedan quedarse en casa».
De aprobarse, la autoridad de aplicación de dicha ley será el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que deberá, además de ofrecer los créditos, implementar un «sistema de mediación prejudicial» en las sedes comunales para resolver los conflictos económicos generados por las deudas contractuales.
Inquilinos Agrupados realiza cada mes una encuesta para relevar la situación económica de quienes alquilan sus viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y, según los últimos resultados, «el 37,8% (de los hogares) no podrá pagar el mes de septiembre en parte o en su totalidad».
Dentro del universo del 37,8% que tiene dificultades para pagar el mes de septiembre, el 52.5% (equivalente a 694.575 hogares) acumulan deuda de dos o más meses de alquiler, los cuales correrían riesgo de desalojo si no se extendía el DNU.
En tanto, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) expresó en una carta al Ministerio de Hábitat advirtió que «no sería razonable ni oportuno una extensión del DNU, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía».
