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La ley de propiedad comunitaria indígena comenzará a debatirse en el Congreso nacional en el mes de julio, informó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La titular del organismo, Magdalena Odarda, advirtió que «los territorios comunitarios son objeto de hostigamiento y avaricia» y consideró que «es deber del Estado de Derecho saldar esta deuda histórica con los pueblos indígenas».
«Los territorios comunitarios son objeto de hostigamiento y avaricia, dado el alto valor inmobiliario o económico que hoy poseen. Los intentos de desalojos compulsivos de comunidades indígenas acompañan esos intereses que van por el agua, la tierra y los bienes naturales comunes», afirmó Odarda a través de un comunicado de prensa.
La funcionaria recordó que «es deber del Estado de Derecho saldar esta deuda histórica con los pueblos indígenas», y agregó: «En este camino de reconocimiento de derechos constitucionales, no hay -ni debe haber- retroceso alguno. El Gobierno argentino no desconoce la manda constitucional, razón por la cual, dará inicio a este debate en el seno del Poder Legislativo a partir del mes de julio del presente año».
Son varios los proyectos legislativos que hay en el Congreso para instrumentar la Propiedad Comunitaria Indígena, un derecho reconocido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Código Civil y Comercial de la Nación.
A través de un comunicado de prensa, Magdalena Odarda, titular del INAI, recordó que hasta el momento no se logró debatir con éxito ninguna de esas iniciativas. «Algunas de ellas han perdido estado parlamentario, y otras han sido presentadas recientemente con el apoyo de organizaciones indígenas por distintos bloques parlamentarios», precisó.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir de su creación con la ley 23.302, es el órgano ejecutor de la política indígena en el país. Esta norma dictada en el año 1985 durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, tiene el propósito de asegurar el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, sobre todo el relacionado a la propiedad comunitaria de los territorios.
La propiedad comunitaria se corresponde con aquellos territorios que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, sobre los que se desarrolla la vida cultural y espiritual, el uso de las aguas, la agricultura, la cría de animales, los rituales de la caza y la recolección, los cementerios y los lugares sagrados. Es el sitio donde convive también la memoria de los ancestros y ancestras, y se vive la conexión con las energías vitales y la interrelación que surge del reconocimiento de todos los elementos de la naturaleza y del humano mismo, como parte de una trama mayor.
«Las características legales de este derecho de propiedad de los territorios comunitarios es de administración imprescriptible, inembargable, inenajenable y no susceptible a gravámenes, y se encuentra contemplada en el marco del Relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la Ley 26.160 del año 2006», precisó el INAI.
La ley 26.160, que fue prorrogada ya en tres oportunidades, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas por el término de cuatro años, y suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras comunitarias.
Además, la normativa dispone que el INAI debe realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Las prórrogas de esa norma fueron sancionadas por el Congreso Nacional durante los mandatos de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del expresidente Mauricio Macri. En este último caso, la norma no contaba con presupuesto.
Finalmente, en 2021 se dictó una nueva prórroga a través del Decreto Presidencial 805/21 que declara la Emergencia Territorial Indígena hasta el 23 de noviembre de 2025.
En 2007, el INAI dictó la resolución 587/07 que creó el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Reteci). El organismo indicó que «se registra un alto grado de ejecución» del Programa, a través de convenios suscriptos con las provincias de Misiones, Chaco, Santa Fe, San Juan, Neuquén, Chubut, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. De los relevamientos realizados en comunidades indígenas se elaboraron 117 carpetas técnicas entregadas en el año 2021 y más de 700 relevamientos finalizados desde su sanción.
Posteriormente, y para la efectivización de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, el decreto nacional 700/2010 creó la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena para elaborar una propuesta normativa enviada al Poder Ejecutivo nacional para garantizar el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena.
En febrero de 2020 el Estado argentino fue condenado por la Corte IDH en el caso “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina” por no cumplir con el respeto y resguardo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La Corte le exigió al Estado que adopte medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena. El fallo señala que “la Corte ordena al Estado que, en un plazo razonable, adopte las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para, conforme a las pautas indicadas en la presente Sentencia, dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos adecuados para tal fin.”
En el presente año, el INAI junto a organizaciones indígenas y de Derechos Humanos, se propone iniciar el debate en el Congreso de la Nación, invitando a especialistas en Derecho Indígena, a miembros de comunidades pertenecientes a los 39 pueblos, académicos, y Universidades Nacionales, «para llevar al recinto el proyecto de ley que recoja los mejores antecedentes y aportes, dentro de un proceso de consulta libre, previa e informada que se dará dentro del espacio legislativo nacional», adelantó.
