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La Secretaría de Trabajo notificará la obligación de readecuar un centenar y medio de acuerdos laborales vencidos, en el marco de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral dispuesta por el decreto 407. La medida busca actualizar las condiciones de trabajo y los aportes de financiamiento sindical a los parámetros de la nueva legislación. A partir de este lunes.
La normativa da por concluidos los convenios cuyos plazos de vigencia expiraron. Si bien se resguarda la ultraactividad de las cláusulas normativas que regulan las condiciones esenciales de trabajo, caen de forma automática las cláusulas obligacionales vinculadas a cuotas solidarias y contribuciones patronales a los gremios. Desde el Ejecutivo nacional señalaron la necesidad de modernizar pactos con décadas de antigüedad, mientras que los asesores legales de la CGT afirmaron que el diálogo sectorial se mantiene activo desde hace dos décadas y alertaron sobre una posible quita de derechos.
Salario dinámico y prioridad a los acuerdos por empresa
La reforma instrumenta el concepto de salario dinámico, un esquema que habilita adicionales variables o fijos según la productividad de la compañía y el desempeño individual, desplazando a las subas automáticas atadas a la inflación. La intención oficial es supeditar las mejoras a los resultados de cada establecimiento.
En sintonía con esto, se priorizan los convenios por empresa o región en detrimento de los grandes acuerdos nacionales por actividad. Además, el Estado retiene la facultad de bloquear la homologación de aquellos entendimientos que evalúe como causantes de distorsiones económicas para el interés general.
Nuevos sindicatos y deducciones en el recibo de sueldo
La reglamentación modifica el régimen de personería gremial interna al reducir del 20% al 5% el piso de afiliación requerido para conformar un sindicato de empresa. Con este cambio, las autoridades apuntan a descentralizar el esquema de representación centralizado que históricamente manejaron las grandes federaciones.
Por otra parte, se validó la opción de aplicar retenciones directas en los haberes mensuales para cancelar préstamos bancarios, contando con la previa autorización del trabajador. El propósito de esta modalidad es disminuir el riesgo de cobro para que las entidades financieras otorguen líneas crediticias con tasas de interés más accesibles.
