Ahora, el Gobierno le respondió por la misma vía con la firma del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En la misiva, el funcionario explica que será enviado al Congreso un proyecto para modificar el alcance del delito de sedición, algo que había exigido Vivanco “con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro”.
“Dicho proyecto será enviado al Congreso de la Nación durante el próximo período ordinario de sesiones y en él se insta a la modificación de dicha figura penal adecuándola a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión; aprovecho en consecuencia la ocasión para remitirle copia del proyecto mencionado a fin de que pueda formular las sugerencias que estime pertinente”, anunció Avruj.
Sin embargo, el secretario ratifica la visión del gobierno nacional sobre este caso al decir que “excede a las facultadas presidenciales la intromisión en la causa judicial en la cual el Sr. juez a cargo de la investigación consideró que estaban dados los requisitos para el dictado de la prisión preventiva”.
Y argumenta: “Como usted sabe, la limitación de las facultades del órgano ejecutivo, el respetuoso equilibrio entre los poderes del Estado, y, en particular, la rigurosa independencia del Poder Judicial, constituyen los pilares históricos de una democracia republicana, base insoslayable para una real vigencia de los Derechos Humanos. El respeto irrestricto de la Constitución Nacional Argentina –de la cual los Derechos Humanos forman parte- y, por ende, de un real Estado de Derecho, han sido y serán preocupaciones permanentes de este Gobierno”.
También aclara que Milagro Sala no está presa por el acampe sino porque “se le imputan otros graves delitos –corrupción, malversación de caudales públicos, amenazas– y en cuyos expedientes los jueces intervinientes han considerado que de otorgársele la libertad la Sra. Sala entorpecería la investigación”.
Al respecto, resaltó: “La detallada información provista por el Ministerio Público de la Acusación y por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy que fuera remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contiene numerosos elementos que avalarían la apreciación de los tribunales intervinientes”.
“Debemos caminar juntos –y este Gobierno está comprometido en ello- con el fin de lograr que la prisión preventiva sea la excepción (sustentada en elementos que fundan el entorpecimientos de la investigación o de peligro de fuga), en buscar mecanismos alternativos a la prisión y al fortalecimiento de las garantías del debido proceso. Es decir, debemos lograr que todos los procesos de administración de justicia sean eficaces y eficientes en términos de respeto a los Derechos Humanos”, manifestó en el final.