El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) finalmente mandó el proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y, de esa forma, sacar a los militares a la calle. Con la excusa del combate al terrorismo, Javier Milei rompe con el consenso que rigió desde que se recuperó la democracia: que las Fuerzas Armadas no se involucrarán en el conflicto interno.
Para el exministro de Defensa Agustín Rossi, la Casa Rosada está sentando las bases para un “estado de sitio encubierto”.
En marzo, días antes del aniversario del último golpe de Estado, los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) protagonizaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada para anunciar que enviarían un proyecto al Congreso para reformar la ley de Seguridad Interior (24.059), sancionada en 1991 en el gobierno de Carlos Menem. Pese a los anuncios oficiales, el proyecto tardó casi cinco meses en aparecer.
Esa declaración oficial había estado asociada a la situación de Rosario e incluso se había hablado de “narcoterrorismo”. Esa explicación quedó en el olvido: en la iniciativa se dice que es una vía para luchar contra el terrorismo que golpeó en dos oportunidades a la Argentina con los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA.
El viernes, el Poder Ejecutivo giró la propuesta al Congreso con las firmas de Milei, Guillermo Francos, Petri y Bullrich. En sus considerandos, el gobierno deja en claro que busca romper con los pactos democráticos de que los militares no patrullarían las calles ni harían inteligencia interior.
“La Constitución nacional no contempla –ni contempló nunca– una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas”, dice el proyecto.
Las limitaciones que se establecieron fueron producto de la experiencia que se vivió en la última dictadura. Durante distintas administraciones, se fueron sancionando normativas que establecieron frenos a los militares: durante el gobierno de Raúl Alfonsín se aprobó la ley de Defensa Nacional; en el de Carlos Menem, la de Seguridad Interior, y en el de Fernando de la Rúa, la ley de Inteligencia Nacional, que fue reformada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Milei viene de hacer una reforma mayúscula del sistema de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sin que el debate pase por el Congreso. Una semana después de propiciar el retorno de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Milei le destinó 100 mil millones de pesos para gastos reservados, lo que generó la reacción de gran parte del acto político que reclama que se rechace ese DNU.
Según el gobierno, el proyecto de ley significa una “alternativa intermedia” para la intervención de las Fuerzas Armadas frente a las posibilidades que se contemplaban con anterioridad. En la Ley de Seguridad Interior se les daba un rol, que para el gobierno de Milei no alcanza ni les permite estar preparadas para una situación de conmoción.
Tal como está redactada hasta ahora la ley de Seguridad Interior, se establece que, en caso de que se lo requiera el comité de crisis, el Ministerio de Defensa puede disponer que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a través de los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte, ingenieros y comunicaciones. En los artículos siguientes se establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir si hay un atentado en jurisdicción militar o si se declarara el Estado de sitio.
El gobierno dice que con esta iniciativa Argentina está siguiendo el camino que ya emprendieron otros países. Cita, por ejemplo, a Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Israel, Turquía, India. España y Australia.
Como quien vende un producto, la Casa Rosada sostiene que esta situación intermedia tiene “ventajas”: no se suspenden las garantías como en la declaración del Estado de sitio y la población se encontraría protegida por las Fuerzas Armadas.
Uno de los muchos problemas es que el gobierno ve golpes de Estado o potenciales actos terroristas a la vuelta de la esquina: ya lo hizo el 12 de junio pasado cuando el Senado estaba debatiendo la Ley Bases –que era fundamental pero que ni siquiera fue reglamentada. En ese momento, 33 personas fueron detenidas. El fiscal Carlos Stornelli las acusó en base a un tuit de la Oficina del Presidente y les sumó cargos por terrorismo, que finalmente fueron desestimados por la jueza María Servini y la Cámara Federal porteña.
Los cambios
Con su proyecto, el gobierno habilita a las Fuerzas Armadas, en caso de que se conforme un comité de crisis, a la persecución de “delincuentes” en jurisdicciones de las provincias, debiendo dar aviso en no más de cuatro horas a las autoridades locales.
Se introduce el factor de que, ante un acto que genere terror en la población, los militares podrán patrullar las calles, hacer control de personas y vehículos, efectuar operaciones de control en puestos fijos o móviles, realizar control y vigilancia de instalaciones inmuebles y hacer aprehensiones en flagrancia.
Rossi –que ocupó el Ministerio de Defensa tanto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en el de Alberto Fernández– denunció que LLA prepara un estado de sitio encubierto. “La solución intermedia ya existe: se llama Gendarmería y Prefectura”, tuiteó Rossi.
“Para enfrentar al terrorismo se necesita investigación e inteligencia, no fuerzas pidiendo documentos o patrullando calles. La libertad no avanza, retrocede a los lugares más oscuros”, agregó Rossi.
El frente interno
No está claro que la iniciativa tenga el respaldo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, abanderada de la familia militar dentro del gobierno de LLA. En el pasado, ella ya había expresado sus reparos frente a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participaran de tareas de seguridad interior.
La postura de Villarruel –que libra una guerra fría con los hermanos Milei– es que básicamente las Fuerzas Armadas no están facultadas para combatir contra civiles y que eso terminará, tarde o temprano, obligando a los militares a responder ante la Justicia.
Agrega además Villarruel que no serán tribunales militares sino la justicia civil. Los militares de hoy tienen un espejo en el que mirarse: el de los que en los ‘70, que más de 40 años después de sus crímenes todavía siguen siendo juzgados.
En marzo, también había expresado sus dudas la activista Cecilia Pando, que suele ser una vocera del sector más rancio de las Fuerzas Armadas. El reclamo de esos sectores es explícito: le dicen al gobierno de Milei que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad.
Hay un sector del oficialismo que ya está abocado a esa tarea, como quedó al descubierto con la visita de seis diputados de LLA al penal de Ezeiza, donde están alojados Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. Hay iniciativas para voltear las causas y lograr una rápida prisión domiciliaria para que los que están detenidos.
