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Funcionarios de seguridad y judiciales de Jujuy fueron denunciados penalmente en la justicia federal por haber violado leyes nacionales al infiltrar y realizar espionaje ilegal contra organizaciones sociales y sindicales. La denuncia fue presentada por la abogada Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien en conferencia de prensa brindada este jueves en San Salvador de Jujuy aseguró que “en Jujuy funciona una estructura judicial policial que constituyó una empresa de espionaje ilegal”.
La denuncia, que recayó en la fiscalía de Federico Zurueta, es contra el ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Héctor Horacio Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia, comisario Marcelo Rodríguez; el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2, Diego Ignacio Funes, y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Miguel Fernández.
La presentación se realizó en el marco de la cuarta visita a la provincia de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos, integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, que está por estas horas relevando denuncias de vulneraciones a los derechos humanos por parte del gobierno provincial.
Carpinetti recordó que el último informe de la Comisión, de la cual participaron miembros de la dirección a su cargo, se titula “Jujuy es Argentina”, y en este sentido remarcó: “El estado nacional y el gobierno del que formo parte, no podemos seguir haciéndonos los desentendidos de lo que está pasando en esta provincia, que es parte del territorio de la República Argentina”.
La denuncia, que se presentó con el patrocinio del abogado Nicolás Rechanik, se refiere a las acciones llevadas adelante desde el gobierno provincial que derivaron en la serie de allanamientos realizados en el mes de julio contra organizaciones sociales y sindicales. En su momento, se conocieron maniobras de espionaje e infiltraciones por parte de personal policial.
“Nosotros entendemos que en esta provincia se constituyó una empresa de espionaje ilegal que tiene por lo menos cuatro componentes, con sujetos a cargo que son los denunciados”, explicó Carpinetti.
La funcionaria nacional aclaró que la denuncia se realizó en el fuero federal porque “esta estructura, con estos responsables, todos funcionarios públicos todos, violan dos leyes federales”, en referencia a las leyes 25.520 de Inteligencia Nacional y 24.059 de Seguridad Interior.
“La primera acción de esta empresa ilícita, ilegal, de espionaje, fue infiltrar -detalló Carpinetti-. Luego, el fiscal Funes solicita los allanamientos. Y a partir de eso fueron construyendo la hipótesis delictiva. ¿Y qué hace el juez de control? Interviene tres meses después. O sea que los allanamientos y las infiltraciones se realizan aparentemente sin conocimiento del juez de control”.
La abogada remarcó la gravedad que implica la violación de las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior: “El derecho a la privacidad, a la intimidad, son derechos escritos en nuestra Constitución nacional, y fueron violados por estos funcionarios”, dijo, y aclaró: “Y tal vez haya otros, inclusive con responsabilidades mayores que estos cuatro”.
“Queremos que la justicia investigue, queremos que la sociedad jujeña y el país sepan cómo funciona esta empresa ilegal de espionaje, de infiltración, de allanamientos y violación de los derechos personalísimos de ciudadanos y ciudadanas jujeñas, independientemente de su ideología o su pertenencia política”, afirmó.
Una reforma para ‘legalizar lo ilegal’
La funcionaria fue más allá de la cuestión puntual de la denuncia al referirse a la tarea que viene realizando la Comisión que por estos días visita la provincia por cuarta vez. “Acá ya no se persigue a una sola organización, a una dirigente o un dirigente en particular. En eso son ecuánimes, persiguen a todos”, aseguró.
Para Carpinetti, el proyecto de reforma de la Constitución provincial que impulsa el gobernador Gerardo Morales está directamente relacionado con la cuestión que la llevó a presentar la denuncia.
“En la última semana comprendimos que esto que hoy denunciamos tiene un objetivo: reformar la Constitución y legalizar lo ilegal, legalizar esta empresa ilegal, esta estructura policial judicial”, advirtió.
En este sentido, mencionó los que son, a su entender, dos objetivos centrales del proyecto de reforma de la Constitución: la prohibición la ocupación del espacio público y el debilitamiento de la organización colectiva a través de la persecución y criminalización a dirigentes.
“Con esto, no nos cabe duda de que se está poniendo en peligro la vida democrática en esta provincia”, señaló, y agregó: “Pero no ponen en peligro solamente a los jujeños, a las jujeñas y a los que habitan en esta jurisdicción, sino que ponen en peligro a toda la democracia argentina”.
‘Estrategia de aniquilamiento’
Para Carpinetti, tanto la denuncia presentada como la tarea de la Comisión que está recibiendo denuncias de violaciones a los derechos humanos, “tiene un mensaje profundamente humanista: barajar y dar de nuevo, ver cómo hacemos para convivir con los que piensan diferente”.
Sobre esta cuestión, planteó: “En esta provincia hay funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo que cuando se encuentran con personas que piensan diferente, tienen una estrategia de aniquilamiento. Para eso montaron una empresa ilegal de espionaje”.
“Es muy importante que el pueblo jujeño esté enterado de esto -continuó-. Porque hoy les pasa a miembros de organizaciones sociales y sindicales, pero mañana le puede pasar a cualquiera, aunque no pertenezca a ninguna organización”.
En este punto, llamó a “detener esta situación antes de que se siga deteriorando la vida democrática, defender las garantías constitucionales y el pacto básico que es la convivencia democrática inclusive entre opositores políticos”.
“Los gobernantes, y en este caso en particular el gobernador Morales, sus ministros, el jefe de su policía, no pueden tener como estrategia el aniquilamiento del que piensa diferente -señaló Carpinetti-. Porque Morales también es garante de que se cumpla en la provincia la Constitución nacional, las garantías, los debidos procesos, los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Consultada sobre la situación del Poder Judicial de la provincia, altamente cuestionado, la funcionaria nacional afirmó: “Yo considero que esta provincia necesita un saneamiento en su Poder Judicial. Creo que el Ministerio Público de la Acusación, y me he pronunciado muchas veces sobre esto, es una estructura ilegal. Por lo tanto considero que tiene que existir una intervención a la justicia jujeña”.
La tarea de la Comisión
En la conferencia de prensa, José Luis Fuentes, abogado integrante de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos, informó que durante tres días relevaron denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en territorio y recibimos a más de 70 personas.
“Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del Poder Judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable”, describió.
También se reunieron con representantes de comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. “El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo, porque la mayoría son campesinos que producen alimentos, sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó Fuentes.
Por su parte, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), contó que “el sistema de hostigamiento del gobierno de Morales no es solo contra los dirigentes sino con todos los trabajadores de la economía popular que se organizan”.
“Los siguen en vehículos particulares, los vigilan en sus barrios, preguntan a los mismos vecinos de qué trabajan, para que decidan no organizarse”, detalló, y reveló que “en cada movilización, cada acción de expresión en el espacio público, sabemos que tenemos infiltrados que nos están vigilando”.
En su anterior visita en el mes de julio, la Comisión elaboró un informe donde se detallan 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial.
