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El gobierno de Jujuy optó por minimizar el peso de la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, afirmando que «no es un dictamen ni una resolución», según declaró el fiscal de Estado Mariano Miranda, quien insistió además en que Milagro Sala no cuenta con fueros como diputada del Parlasur, tal como el texto de Nacionas Unidas aclara. En tanto, con más cautela, el gobierno nacional dijo que el informe fue tomado «con seriedad» y que esperan respuestas del Poder Judicial de Jujuy.
“El escrito difundido es una opinión de un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; no es un dictamen ni una resolución”, afirmó el funcionario, y aclaró que «no está en discusión la pertenencia de la República Argentina y su ordenamiento legal al sistema de Naciones Unidas, así como el sometimiento a las normas internacionales», en referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y su rango constitucional.
Adelantó sin embargo que la justicia de Jujuy va a estudiar el documento emitido por la ONU, aunque agregó que «los jueces, por su condición de independientes de cualquier otro poder, han decidido la situación procesal de Sala en función de las denuncias por hechos de corrupción debidamente fundadas”.
Mencionó las causas por el faltante de 29 millones de pesos y el no cumplimiento de la construcción de más de dos mil viviendas que fueron pagadas por el Estado nacional durante el bienio 2014-2015, «ambos actos de corrupción que fueron constatados y verificados a partir del cambio de gobierno».
Ambos hechos, vale aclarar, son aún motivo de investigación y todavía no han sido llevados a juicio, por lo que no hay sentencia judicial definitiva.
‘Tomado con seriedad’
Por el lado del gobierno nacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, explicó que la presentación de la ONU fue tomada con «seriedad», como con «todos los informes que vienen de las distintas dependencias de Naciones Unidas».
«A nosotros lo que nos corresponde como Estado es analizarlo, conocerlo en detalle, pero fundamentalmente darle traslado oficial al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, cosa que hemos hecho este viernes», explicó y agregó: «Ahora es el turno de la justicia porque es una opinión y nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes y de la autonomía de las provincias».
Avruj fue cauteloso al decir que «no hay que adelantarse, hay que leerlo muy bien», antes de responder algunas de las cuestiones planteadas por el Grupo de Trabajo, aunque remarcó que Sala «está detenida por un cúmulo de denuncias que tienen que ver con corrupción, malversación de fondos, hechos violentos y demás» y que «la justicia está cumpliendo con todas las garantías del debido proceso».
