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Una noticia inesperada corrió como reguero de pólvora este miércoles entre sectores sociales y de derechos humanos de Córdoba: la enajenación del Sitio de Memoria La Perla Chica, uno de los 309 inmuebles que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene previsto transferir, cual inmobiliaria estatal. Y sólo en una primera etapa, porque el desguace estatal parece ser total.
Paradoja del destino, la información circuló el mismo día en el que pasó por Córdoba el presidente Javier Milei, quien le habló al Círculo Rojo en la Fundación Mediterránea y se abrazó con el gobernador Martín Llaryora. En la tercera visita del mandatario nacional a la provincia, el sanfrancisqueño reclamó por retenciones y biocombustibles, dos hitos de la agenda agroindustrial local, y no trascendió reclamo alguno por la venta, nada más y menos, que de un sitio de Memoria.
Muchos nombres para un pozo del terror
Construcción ubicada frente a La Perla (o La Universidad, en la jerga de los represores), este inmueble tiene varias denominaciones: La Perlita, La Perla Chica, La Escuelita, Malagueño y otras.
Se trata de un conjunto de construcciones ubicadas a la vera de la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz, que constaba de viviendas, oficinas y una cuadra donde se mantenía cautivo a los secuestrados. Originalmente el predio era parte de los terrenos de La Perla y un camino de tierra unía a los dos CCD, pero la traza de la autopista inaugurada para el mundial de 1978 dejó a un pozo represivo de cada lado de la arteria.
Según la Comisión Provincial de la Memoria que entre 1976 y 1977 el acceso de los secuestrados al CCD La Perla “tenía paso obligado por La Perla Chica», y durante el Mundial «La Perla Chica tuvo un rol central como lugar de cautiverio transitorio de los secuestrados que estaban en otros CCDTyE”.
Foto: Conadep
Recuperada la democracia, la Conadep realizó una visita ocular en el lugar, que pudo ser identificado porque entre otras cosas al lado funciona la Sociedad Rural, y los detenidos escuchaban el mugir de las vacas vecinas.
En 2013, otra inspección ocular arrojó más precisiones sobre el funcionamiento del predio propiedad del Ejército Argentino, y en 2016 hubo represores condenados por el paso por este lugar, en la histórica sentencia de la megacausa La Perla-La Ribera.
Desguazar al Estado
El decreto 950/24 firmado por el jefe de gabinete Guillermo Francos y el propio Milei faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a “disponer, enajenar y/o transferir los inmuebles del ESTADO NACIONAL que se detallan en el ANEXO”.
El anexo incluye inmuebles en 18 provincias argentinas, incluyendo la CABA, y en Córdoba apunta a un inmueble céntrico y una lonja de tierra de 585 mil metros cuadrados situada en el ejido de Malagueño, parte del Gran Córdoba. Esa porción de terreno está en uso, desde hace décadas: además de La Perla chica se ubica allí el Mercado Cooperativo San Miguel, la Sociedad Rural y un puñado de viviendas familiares, algunas de ellas pertenecientes al Ejército argentino.
Si bien existe un proyecto para traspasar La Perla a la órbita provincial, este inmueble no está incluido en la iniciativa, que por otro lado viene de naufragar en el Congreso nacional.
Mientras, solo rige preocupación en el sector de Derechos Humanos provincial, que asiste al desguace de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas incluso durante el macrismo. “Esto es mucho peor”, señaló un dirigente de los organismos históricos, al tiempo que desde la Comisión Provincial de la memoria señalaron que están “estudiando el tema” de la enajenación.
A su tiempo, el intendente de Malagueño había iniciado conversaciones para tener injerencia en el destino de esos terrenos, pero se desayunó por los diarios de la publicación oficial. A Marcos Fey le resulta llamativo “que por lo menos en los mapas publicados no lo han tenido en cuenta” al sitio de Memoria, dijo a La Voz. Su plan original es desarrollar en ese polígono un complejo tecnológico industrial junto a la UNC.
Protegido por ley
En los papeles, el terreno en cuestión está protegido por la ley nacional de Sitios de Memoria, pero la Dirección Nacional de Sitios de Memoria está acéfala desde diciembre y en el sector de derechos humanos tienen claro que la defensa de lo conseguido no tendrá como principal actor, precisamente, al Estado.
Existen a nivel nacional antecedentes similares, sobre todo en guarniciones que funcionaron como centros clandestinos y que, aunque originalmente estaban aisladas, el crecimiento poblacional las fue “acercando” a las ciudades. En esos casos primó la desafectación del sector señalizado como sitio de memoria, aunque la presentación del inmueble como si fuese un loteo encarado por una inmobiliaria genera más dudas que certezas. O la certeza de que Nación tiene decidido desprenderse del patrimonio, a como dé lugar.
Por Adrián Camerano, en Tiempo
