Tuvieron que pasar más de diez años para que el Gobierno central de Perú les dé la razón a los pobladores de la cuenca del Llalimayo, que responsabilizaban a la empresa Aruntani de contaminar el agua y el suelo en las provincias de Lampa y Melgar.
Las autoridades de Puno se reunieron finalmente con representantes del Gobierno y en la cita se acordó el cierre definitivo de la unidad minera Arasi y declarar improcedente el proyecto de la unidad minera Carlos Este, ambas de propiedad de Aruntani. Además, no podrá procesar oro ni utilizar el cianuro u otros elementos químicos. Para evitar que la minera siga operando, la Fiscalía lacró todas las instalaciones.
La decisión se dio luego de que la población de la provincia de Melgar acatara desde el pasado lunes un paro indefinido.La protesta se radicalizó cuando los gremios de San Román y Puno se sumaron a la medida de lucha. El paro fue total en la ciudad de Juliaca; desde las primeras horas, se bloquearon vías. Mientras tanto, en Puno, hubo movilizaciones. En estas, además, se pidió la nulidad de la licencia del proyecto Tía María en Arequipa.
La noticia del fin de las operaciones de Aruntani fue el lunes luego de una reunión en Lima entre el alcalde provincial de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa; los burgomaestres distritales de Cupi, Marcelino Surco Quispe; de Llalli, Juan Rojas, y de Umachiri, María Apaza, y el Ejecutivo. La cita se concretó en Palacio de Gobierno con los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Vivienda, además del viceministro de Agricultura. Asimismo, estuvieron el gobernador de Puno, Walter Aduviri, y los congresistas Alberto Quintanilla, Edilberto Curro y Oracio Pacori.
Lucha de años
En 2016, tras repetidas jornadas de protesta, se instaló la primera mesa de diálogo para abordar la problemática ambiental. Fue un largo proceso, para que en primera instancia se reconozca la contaminación y, luego, se identifique al agente contaminante.
Ahora quedan pendientes la recuperación ambiental y la atención de salud a los afectados, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la presencia de metales pesados en el agua, suelo y sedimentos.
En todo este periodo de reclamos, representantes de la minera nunca acudieron a las mesas de trabajo, actitud que, para los lugareños, obedecía a que sus actividades eran anómalas, porque nunca se habría comunicado ni socializado el Estudio de Impacto ambiental (EIA).
El presidente del Comité de Lucha por la Defensa de la Cuenca del Llallimayo, Edwin Díaz, dijo que continuarán con su paralización hasta el viernes 26 de julio. Esperan la llegada de los ministros con el documento que disponga el cierre definitivo de Aruntani.
Para esa fecha, también se prevé la implementación del plan de trabajo y la indemnización a la población afectada.