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Luego de finalizar su gira internacional más larga desde que asumió la presidencia, Javier Milei ya está en el país. El retorno marca el inicio de una etapa clave para el Gobierno, ya que restan menos de cuatro semanas hasta que expiren las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, por lo que el Ejecutivo se apresta a firmar al menos 13 decretos que serán centrales para profundizar su agenda de ajuste y reforma del Estado.
Las reformas ya fueron redactadas durante su ausencia y solo esperan la firma presidencial para su publicación. Se trata de medidas que apuntan a una fuerte reducción del gasto público, el cierre o reconversión de organismos estatales, y una mayor centralización en la toma de decisiones. Las áreas más afectadas serán Salud, Capital Humano y Economía.
Entre los cambios más relevantes figura la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que contempla despidos, venta de propiedades y una revisión completa de su modelo de gestión.
También están en revisión el Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, este último aún sin reglamentación efectiva tras haber sido anunciado para su desregulación.
Motosierra a la estructura del Estado
Un informe interno del Ministerio de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger, reveló que actualmente hay 111 organismos bajo la órbita del Ejecutivo, de los cuales 71 son descentralizados. El Gobierno apunta a eliminar estructuras duplicadas y burocracias que considera innecesarias, como ya lo hizo con la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente desconcentrado.
El achique del Estado es una de las banderas neurálgicas del oficialismo: en el último año, la planta de empleados públicos se redujo de 322.000 a 292.000 trabajadores, mientras que los sueldos de altos cargos continúan congelados desde diciembre. Los monotributistas reclaman desde octubre pasado por actualizaciones.
En la Secretaría de Economía, los cambios se concentrarán en las áreas de Transporte, Agricultura e Industria. El Ejecutivo espera que estos decretos puedan avanzar sin pasar por el Congreso, aprovechando al máximo los últimos días de vigencia de sus atribuciones extraordinarias.
Otro tema que está sobre la mesa es el futuro del Ministerio de Desregulación, ya que a partir del 8 de julio cuando cesen las facultades delegadas su rol podría limitarse a tareas consultivas. Sin estas herramientas muchas de las reformas estructurales quedarán en pausa hasta que el oficialismo logre mayorías legislativas tras el recambio de diciembre.
