El Gobierno busca distender el conflicto con los gremios aeronáuticos. El director de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, recibió a los dirigentes de los seis sindicatos de la línea de bandera, a los que aseguró que AA no va a ser privatizada y, por el contrario, “va a agrandarse”. En el encuentro también prometió que la empresa hará una oferta a los trabajadores por la aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria 2017-2018, lo que implica un reconocimiento de la deuda por la que se inició el conflicto. También anunció que la empresa dejará sin efecto las suspensiones a los trabajadores que participaron de la última medida de fuerza, si no hay nuevas protestas. Los sindicatos se mostraron críticos del plan de negocios que Malvido aseguró tener para Aerolíneas, al que consideraron una exposición “sin detalles, “sin sustento” y “contradictoria”, pero ratificaron su disposición al diálogo.
El encuentro tuvo así una función de oxigenar el clima entre los trabajadores y la dirección de AA, evitando en el corto plazo nuevas medidas de fuerza. Sin embargo, los motivos de fondo del conflicto siguen sin resolución. El presidente de AA insistió en que en la paritaria 2018-2019 tienen que discutirse modificaciones “del marco laboral que hacen a la productividad”, eufemismo que señala la intención de flexibilizar condiciones de trabajo, que los gremios volvieron a rechazar.
Participaron de la audiencia dirigentes de los pilotos (APLA, de Aerolíneas, y UALA, de Austral), técnicos aeronáuticos (APTA), tripulantes de cabina (AAA), personal de mostradores (APA) y jerárquicos (UPSA). Los seis sindicatos comparten tres grandes temas de reclamo. El más macro es el rechazo a la política aerocomercial de Cambiemos, a la que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, llama “la revolución de los aviones”: una política de cielos abiertos acompañada del abandono de rutas aéreas por parte de AA y recortes de vuelos de cabotaje en beneficio de las low cost. “La dirección de Aerolíneas ni siquiera se presentó a las audiencias públicas a hacer una defensa de sus rutas”, remarcan.
El segundo tema abierto es la paritaria en la que se tiene que acordar la nueva pauta salarial a partir del 1 de octubre.
En tercer lugar está la decisión de la empresa de no pagar la cláusula gatillo del acuerdo paritario de 2017, por la que los sueldos de octubre debieron tener un aumento del 6,5 por ciento. AA no liquidó esa recomposición alegando que la cláusula había vencido el 30 de septiembre. Ahora continúa sin reconocer su vigencia, pero accede a destrabar la situación haciendo una propuesta de pago.
El reclamo por la aplicación de la cláusula gatillo generó en noviembre una jornada de retención de tareas coordinada por los seis gremios, que provocó demoras y cancelaciones en los vuelos de todo el país. La empresa respondió con la suspensión de 376 trabajadores.
“Aceptamos suspender la aplicación de las sanciones a quienes participaron de la medida; pero esto será mientras continúe la paz social”, declaró Malvido. Agregó que quiere “sentarse a conversar sobre la competitividad, en cómo hacer que la empresa sea más competitiva”. El detalle de las condiciones laborales a revisar todavía no fue puesto sobre la mesa. Sí existen como antecedente los pedidos a cada uno de los gremios, en nombre de la productividad, para que los horarios puedan ser modificados o cortados, y en el caso de los pilotos, que se reduzcan las horas de descanso entre vuelos.
“No tenemos demasiada expectativa. Las autoridades de la empresa hicieron una presentación muy ambigua de su plan de negocios, sin precisiones y contradictorio. Se habló bastante de la política aerocomercial porque están sacando unos precios irrisorios al mercado y sabemos que con esos valores AA no se sostiene”, indicó Cecilia Moccia, de APA. Pablo Biró, titular de APLA, sostuvo que “Malvido hizo una presentación donde quedó en evidencia la poca preparación que tiene para conducir la compañía. Carece totalmente de conocimientos técnicos, es errático, se contradice”.
Horas antes de que se realizara el encuentro, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución habilitando a la Policía Aeroportuaria a prestar servicios de rampa y operaciones en plataformas de aeropuertos. Aunque la autorización fue firmada con carácter excepcional con la excusa del G-20, su publicación prorrogó de hecho su uso hasta fines de mes. Para hacerlo, la ANAC apeló al argumento de que aeronavegación “es un servicio público esencial”. La amenaza del uso de policías aeroportuarios en reemplazo de trabajadores se perfila como una nueva forma de presión en un conflicto que, lejos de quedar cerrado, está todavía en sus primeros pasos.