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El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, admitió que el próximo gobierno deberá encarar una negociación «sincera y amigable» con los acreedores externos a través de «un canje voluntario» lo más rápido posible, y eximió de responsabilidades en la multiplicación de la deuda al actual mandatario, Mauricio Macri. Señaló además que “no hay tiempo que perder para renegociar la deuda, y que ese proceso debe ser rápido y a través de un canje voluntario y no forzoso.
Frente a la controversia de si la próxima reestructuración de la deuda debe o no incluir una quita de intereses o de capital, Lacunza consideró que una quita sería “oportunista en el corto plazo pero gravosa en el largo plazo”, mientras que “una negociación más amigable exigiría un mayor esfuerzo fiscal pero permitiría volver antes al mercado de crédito internacional y voluntario”. Además, atribuyó la responsabilidad por el considerable proceso de endeudamiento externo durante la gestión de Cambiemos a la oposición, las provincias y la Justicia. “El nivel de deuda es fruto de una decisión colectiva dentro del proceso democrático”, dijo.
Lacunza ofreció una conferencia en el Palacio de Hacienda para informar que en septiembre se registró un déficit primario (antes del pago de intereses) de las cuentas públicas de 25.368 millones de pesos, lo cual entraría dentro de la meta acordada con el FMI. En nueve meses, se acumula un superávit primario de 22.892 millones de pesos, aunque los intereses de la deuda llevan al resultado financiero al terreno negativo (ver aparte).
Ante la centralidad que ganó en el debate electoral la deuda pública tomada por el actual gobierno, Lacunza salió a desligar a Macri de responsabilidad y, en cambio, se la atribuyó al resto de los actores políticos.
“La variación de la deuda pública equivale al resultado fiscal. Para que baje la deuda tiene que bajar el déficit. Hay que elegir una de las dos cosas. Y ese dilema, que es elegir entre reducir el déficit o reducir la deuda, no lo resuelve el Poder Ejecutivo de turno. El resultado de ese dilema está dado por la interacción de las fuerzas políticas en el Parlamento, porque la ley de Presupuesto establece determinado nivel de gastos e ingresos y muchas veces en el proceso negociador terminan surgiendo más gastos y menos impuestos, lo cual lleva a un mayor nivel de deuda. También intervienen las Provincias y los fallos judiciales que modifican el reparto de fondos. Es decir, el nivel de deuda termina siendo el fruto de una decisión colectiva, democrática”, consideró el ministro Lacunza.
