El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó que apelará la medida cautelar dictada por la justicia federal de Campana, la cual ordena al Ejecutivo nacional no suspender el programa «Volver al Trabajo». El fallo judicial, emitido por el juez Adrián González Charvay, busca proteger la continuidad de la asistencia que perciben unos 900 mil trabajadores informales, consistente en una suma de 78 mil pesos mensuales.
La controversia surge tras el anuncio oficial de dar por finalizado dicho esquema en mayo para reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación. Según la cartera nacional, el programa cumplió su plazo legal de dos años, establecido tras la eliminación del anterior Potenciar Trabajo. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo trasladaría los recursos directamente a empresas u organizaciones que brinden talleres, con la promesa de facilitar una inserción rápida en el empleo registrado.
La justicia ordenó al Gobierno restituir el plan “Volver al Trabajo”
Argumentos oficiales y conflicto de poderes
Desde Capital Humano emitieron un comunicado asegurando que ya se efectuó una convocatoria masiva para que los beneficiarios migren al sistema de vouchers. Sin embargo, no se brindaron precisiones sobre el nivel de adhesión ni sobre cómo se cubrirá la emergencia económica de los trabajadores informales ante el cese del pago directo. La postura del Ministerio es que la orden judicial de mantener el programa actual impacta negativamente en el presupuesto y la gestión planificada.
La respuesta del Ejecutivo se alinea con la estrategia aplicada en otros conflictos judiciales recientes, como los vinculados al financiamiento universitario y la entrega de alimentos a comedores. En todos estos casos, el Gobierno ha cuestionado las decisiones del Poder Judicial argumentando que interfieren con la administración de los recursos estatales y el cumplimiento de las metas de gestión.
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El impacto en otras políticas sociales
En un tono de advertencia, la ministra Pettovello señaló que, de verse obligada a sostener el programa «Volver al Trabajo», se verán comprometidas otras políticas consideradas prioritarias por su gestión. Según la funcionaria, la continuidad de la asistencia económica directa impediría la implementación de los vouchers de formación laboral y afectaría el plan de doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país.
De esta manera, el conflicto se traslada a la Cámara de Apelaciones, mientras miles de beneficiarios permanecen en la incertidumbre sobre si percibirán sus haberes el próximo mes o si deberán ajustarse obligatoriamente al nuevo esquema de capacitación propuesto por la Casa Rosada.
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