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El Gobierno y la oposición venezolanos retoman el diálogo en México

Nicolás Maduro se reunión con la delegación oficial

Gobierno y oposición venezolanos buscan avanzar en México en un acuerdo que permita levantar las sanciones al país de parte de Estados Unidos y la Unión Europea, y de garantizar elecciones libres y transparentes, según las pretensiones de una y otra parte, en la continuidad del diálogo iniciado a mediados de agosto y que ya permitió la firma de un entendimiento primario.

Las reuniones se extenderán hasta el lunes, y, al igual que en los encuentros anteriores, serán a puertas cerradas y sin prensa.

La novedad de estas conversaciones es que se dan apenas días después de que casi todo el arco opositor anunciara su participación en las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, bajo el reflotado sello de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), después de dos comicios que boicotearon con el pretexto de que no existían condiciones aceptables.

A través de su vocero Ned Price, el Departamento de Estado norteamericano saludó en un mensaje en Twitter el inicio de las negociaciones y manifestó su deseo de que se «restaure la democracia» de manera pacífica en Venezuela. «Esperamos que este proceso siente las bases para la salida democrática que merecen los venezolanos», subrayó.

Con la mediación de Noruega y el país anfitrión como facilitador, las dos delegaciones tienen objetivos muy puntuales: el Gobierno quiere que se levanten las sanciones internacionales que le cortaron al Poder Ejecutivo las chances de financiamiento y que hacen que, por ejemplo, el país tenga oro retenido en Londres, mientras que la oposición busca un cronograma electoral claro y con garantías de limpieza.

Washington, Ottawa y Bruselas se mostraron abiertos a revisar su política de sanciones si Maduro facilita «avances significativos» en el diálogo. Ese concepto debe traducirse como derechos políticos, garantías electorales, libertad de movimientos para la oposición y un cronograma para elecciones observables.

«Venimos con profundas expectativas. Hemos recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de que hagamos un énfasis en devolver las garantías económicas que le han sido robadas al pueblo venezolano», dijo el jefe de la Asamblea Nacional (AN) venezolana y de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, en declaraciones a la televisora estatal VTV.

Del otro lado, el líder opositor que Estados Unidos al que en parte de la región reconocen como «presidente interino», Juan Guaidó, explicó que la meta es alcanzar “un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa, con garantías».

Aseguró que «hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela” y por eso la presencia de sus representantes en México, “luchando para lograr esas condiciones».

Además de Rodríguez, en el grupo de 11 representantes gubernamentales están Nicolás Maduro Guerra, diputado por el PSUV y miembro de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional; las diputadas Diva Guzmán y Jennifer Garvett, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

También viajaron el viceministro de Política Antibloqueo, Willkiam Castrillo; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, y el viceministro para América Latina, Rander Peña.

Del otro lado se sentaron el abogado Gerardo Blyde; el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa; la dirigente de La Causa Mariela Magallanes; el titular del socialcristiano Copei Roberto Enríquez, y el exconsejero electoral Luis Rondón Hernández, dirigente de Un Nuevo Tiempo.

Completan la delegación Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática, y, por primera vez, Freddy Guevara, cercano a Guaidó y recién liberado después de estar detenido un mes.

El proceso de diálogo sigue a las fallidas conversaciones de Barbados, en 2019, y República Dominicana, en 2018. Ese año, la oposición decidió no presentarse a las presidenciales en las que Maduro fue reelegido en unos comicios considerados por ellos y sus aliados internacionales como fraudulentos. Fue entonces que Guaidó se erigió como «presidente encargado», una designación abstracta sin peso institucional.

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