Desde hace 20 años Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y científica del INTA/Conicet, investiga los efectos del uso de plaguicidas en el suelo, la flora, la fauna y los humanos. Pero en los últimos días se le comunicó que, bajo la gestión impuesta por el Gobierno de Javier Milei en INTA, se le inició un sumario para quitarle su identidad científica y apartarla del organismo.
Aparicio enfrenta un sumario administrativo por su rol como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, que midió residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Según su abogado, Mario Bolla, el expediente propone su exoneración, la sanción más grave del empleo público nacional, que implicaría perder el cargo e impediría reingresar a organismos del Estado.
Entrevistada por Radio 750, Aparicio contó la situación que atraviesa y cómo el trabajo que viene desarrollando podría quedar en la nada, producto de intereses políticos muy específicos. “Yo soy investigadora del INTA y Conicet. Trabajo en Balcarce. Y ya hace 20 años que trabajamos en la relación de plaguicidas, suelo, agua. El foco siempre fue el cuidado de nuestros recursos naturales”, repasó.
Así fue como en 2018 la invitaron a participar de una propuesta liderada por un grupo de investigadores de Países Bajos que involucró a 11 países. Una propuesta en la que Argentina era el único país de Sudamérica. “Era para ver cómo se distribuyen los plaguicidas en muestras ambientales, animales, vegetales y humanas. La idea era estudiar 206 plaguicidas y ver cómo aparecen, o no”, señaló.
La investigación hacía un seguimiento de los efectos en el suelo, en el agua, en los cultivos, en la sangre animal y humana, así como en la materia fecal y otros elementos de importancia.
El caso era particularmente relevante, ya que el foco no está puesto en la exposición corta y elevada de estos elementos con los químicos, sino en cómo estos plaguicidas, en baja cantidad pero en larga duración, pueden afectar la vida. “Ver esa distribución, esos caminos. Porque en el mundo científico interesa mucho el efecto agudo de estar en contacto con una cantidad grande de químicos. Pero queríamos estudiar qué pasa cuando estamos en contacto en pequeñas dosis durante mucho tiempo”, contó.
Aparicio entiende que esta posible sanción surgio cuando encontraron los primeros datos de su investigación. En un reportaje con el sitio especializado Bichos de Campo, la investigadora aseguró: “Tenemos algunos plaguicidas que aparecen contundentemente en todas las matrices, en todas las muestras, tanto en suelo como en la sangre de los individuos, en la materia fecal, en la orina, en los hisopos nasales, en las pulseritas que les pusimos para usar, pero también en las matrices biológicas animales”.
Un proyecto inconcluso
El proyecto SPRINT fue aprobado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Comenzó en septiembre de 2020, con Argentina como único país extracomunitario, y debía terminar en 2026.
La primera etapa buscó 209 plaguicidas en muestras de once países; en el país participaron 73 personas de ciudades, pueblos y establecimientos agropecuarios. Según Aparicio, el proyecto pasó por las instancias institucionales del INTA, que lo difundió en sus primeros años.
“Veíamos este monitoreo e íbamos a trabajar con los productores. Pero cuando tenemos que hacer una devolución de las muestras, en 2023, prohibieron la reunión”, explicó.
El INTA le prohibió a Aparicio difundir las mediciones y frenó una reunión para devolver los resultados a los participantes; en diciembre, bajo la presidencia de Mariano Garmendia, el organismo se retiró del proyecto. Dentro del INTA y de parte del sector agropecuario había cuestionamientos al enfoque europeo y temor a que los datos se usaran para demonizar a la agricultura convencional.
A fines de 2024 el organismo inició una investigación sumarial. “Yo no sé quién está detrás de mi exoneración, porque no fui notificada. Pero sí sé por el gremio y por altas autoridades que el tema se trató y que han decido quitarme la identidad científica”, lamentó Aparicio.
“Son las autoridades institucionales las que lo piden. Y tenemos un presidente designado por este Gobierno y una mesa directiva con representantes del agro. Esos son los que filmaron. Eso es concreto”, cerró.
APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, difundió un comunicado en defensa de la investigadora. Sostiene que la investigación científica debe desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional, y recuerda que la presentación pública de los resultados de SPRINT fue suspendida en 2023 y que luego el INTA finalizó la participación argentina. “No hay INTA fuerte si se silencia a quienes producen conocimiento”, afirma el texto.
El gremio lanzó una campaña para juntar firmas en apoyo a Aparicio.
Página/12 / ElDiarioAr