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El intendente de El Talar recuperó su cargo y rechazó las denuncias de malversación

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) fallara a su favor y lo repusiera en su cargo, Juan Carlos Ruiz, intendente de El Talar, rechazó las acusaciones por malversación y aseguró que la denuncia de los concejales en su contra «tiene un trasfondo político». 

La medida cautelar del STJ dejó sin efecto la suspensión de 120 días que le había impuesto a Ruiz el Concejo Deliberante local, que lo acusó de corrupción.

El jefe comunal talarense brindó una conferencia de prensa en el salón Marcos Paz de la Legislatura, donde advirtió que “la situación tiene un trasfondo político” y afirmó que no se le estaba “respetando el derecho a defensa”, y que por esa razón presentó el pedido de cautelar.

Más allá de sus afirmaciones, en la resolución del Concejo estaba claramente establecido que el 7 de marzo podía ejercer su defensa.

En la conferencia, Ruiz estuvo acompañado por algunos de sus colegas, como Carlos Colque, de Santa Clara; Ramón Carrizo, de La Esperanza; Ricardo Farfán, de La Mendieta; Juan Ibarra, de Monterrico; Elsa Flores, de Calilegua, e Iván Ponzio, de Fraile Pintado.

En relación a las acusaciones, afirmó: «Presenté todas las rendiciones de cuentas del 2016, salvo la última, porque estamos terminando de hacerla y estamos en plazo”. Y denunció que los concejales que quieren su destitución «son cinco y pertenecen al FPV y del Frente Unidos y Organizados”, lo cual no era un secreto para nadie. 

Resaltó que “algunos concejales son funcionarios de la gestión anterior y pesa sobre ellos un faltante de 29 millones de pesos del 2014, que era para la construcción de 60 núcleos habitacionales, que figuran realizados y nunca se hicieron”.

También habló de la supuesta malversación de los fondos específicos a la producción de soja y señaló que se le está exigiendo respuesta por un “embargo que existe por faltas de rendición de la gestión anterior”.

El viernes pasado el Concejo Deliberante suspendió por 120 días a Ruiz por hechos de corrupción que pesaban sobre él y que fueron investigadas por una comisión interna, decisión sobre la cual el jefe comunal se negó a ser notificado, atrincherándose durante todo el fin de semana en su oficina junto a otros funcionarios y seguidores.

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