Por el lado de la Municipalidad, participó de la audiencia el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, quien se refirió a la posibilidad de sancionar a las empresas por el lock out del lunes. “Como autoridad de aplicación, haremos lo que corresponda según las normativas vigentes, y desde ahí cada parte sabrá lo que tienen que hacer”, señaló, y precisó que “se están evaluando sanciones”.
Sobre la solución del problema, Marenco se mostró optimista: “No somos los dueños de la decisión, pero puedo decir que se avanzó mucho y puede haber una pronta solución”, aunque admitió que “existe riesgo de medidas de fuerza”, pero agregó que “existe el derecho a reclamar de las empresas”, sin precisar si se estaba refiriendo al derecho de suspender el servicio o a otra cuestión.
José María Coletti, de la empresa San Jorge, aseguró que desde su sector harán “todo lo posible para que se revierta la situación”. En ese sentido, dijo que espera que la Municipalidad “haga lo que tiene que hacer” y advirtió que si no hay solución ‒es decir, si no se aplica el aumento del boleto‒, volverán a tomar medidas, aunque no precisó si se trataría de un lock out como el de este lunes o alguna otra modalidad.
“La reunión fue informativa, para poner al juez al tanto de esta situación”, dijo Coletti, que además admitió que los sorprendió la convocatoria “de todas las partes”, y agregó: “Entendemos que se puede tratar el tema en los próximos treinta días”.
El diputado provincial de Unidos y Organizados, Germán Noro, valoró la voluntad del tribunal para reunir a las partes y tratar de llegar a una solución. “El municipio no dio las condiciones necesarias para que esto pase, y todos tienen derechos a ser oídos”, afirmó, y recordó que “el boleto se estaba aumentando con el criterio de una sola de las partes”. Destacó así la actitud de la justicia, que, a su entender, “ratificó el derecho que tienen los usuarios de ser escuchados”.
La expectativa está puesta en que el juez ordene la realización de una audiencia pública o se arme un mecanismo semejante. “Es un servicio público, no es una actividad empresarial común”, aseveró Noro.
Por su parte, Claudia González, abogada representante de la Asociación de Protección de los Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) ‒que al igual que el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco) participó de la presentación de la cautelar‒ calificó de “lamentable” la actitud de los empresarios, que no solo amenazan con parar sino que concretan la medida, y “este papel de empresas pobres que solo hablan de sus trabajadores cuando piden un aumento de la tarifa”.
“La continuidad es lo que hace al servicio público, esa es una característica esencial”, subrayó, y analizó también la actitud de los gremios, que apoyaron la medida empresarial: “Yo entiendo que estén preocupados, pero me extraña que el sindicato haya tenido esa postura”.
La abogada explicó que por ser hoy el último día hábil del período normal, el Tribunal de Feria es el que deberá resolver si puede abocarse o no, y resaltó “el interés del tribunal en que las partes se escuchen”.