Fundamentó su proyecto, al decir que la medida del descuento de haberes practicados por el Ejecutivo roza lo ilegítimo y lo arbitrario, aduciendo además que la medida de fuerza en cuestión fue justificada y concordante con la Ley 14.786 de Conflictos de Trabajo.
Cabana, quien además suscribió el proyecto en su carácter de secretario general de la Seccional Jujuy de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), fundamentó su propuesta legislativa aduciendo que los descuentos efectuados sobre los haberes de los agentes estatales se tradujo en un grave e irreparable daño económico, patrimonial y en una violación injustificada del derecho consagrado en la Constitución Nacional y Provincial.
Citó además los antecedentes que obran en la materia desde el año 1990 a la fecha y que han servido de base para la elevación de su iniciativa. Siguiendo esa línea argumental enumeró como antecedentes legislativos diecisiete leyes sancionadas entre 1990 y el año 2000, para la devolución de los días descontados por huelgas.
“La huelga que sancionó con los descuentos de haberes el Ejecutivo estaba plenamente justificada, ya que previo a llevar adelante la medida de fuerza, UPCN Jujuy había agotado las instancias administrativas dando cumplimiento a los requisitos que habilitaron la misma frente a la falta de respuesta en tiempo y forma del gobierno. Es más, el paro fue comunicado al igual que los motivos que lo ocasionaron”.
Recordó que el gremio que representa fue convocado a dos audiencias, una de ellas, la primera, no se llegó a concretar por razones ajenas a UPCN y originadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo; mientras que la segunda se realizó en la sede del Ministerio de Hacienda en donde se arribó a un principio de solución de los planteos realizados por la entidad gremial, aunque transcurrido el cuarto intermedio resuelto en la oportunidad, los plazos vencieron largamente y sin que se repare en el pedido de continuidad de las negociaciones.
Uno de los artículos del proyecto en cuestión dispone el pago de los salarios caídos, incluyendo adicionales y premios, motivados por las inasistencias u otros incumplimientos laborales de los agentes del Estado provincial que se hubieren originado por huelgas o conflictos que comprendan las inasistencias de los días 2 y 3 de agosto próximo pasado.
Según anticipó Cabana, el proyecto tomará estado parlamentario el próximo jueves, cuando la Legislatura celebre una nueva sesión ordinaria, y solicitará su tratamiento sobre tablas, entendiendo que existen colegas del propio bloque oficialista que comparten el espíritu de la iniciativa.