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El secretario de Seguridad, Carlos Gil Urquiola, brindó detalles sobre las partidas presupuestarias destinadas al equipamiento y las obras de infraestructura que ejecuta el Ministerio de Seguridad provincial. El funcionario fundamentó que estas erogaciones buscan fortalecer las tareas operativas de las fuerzas en la vía pública y optimizar los esquemas de prevención del delito.
Los desembolsos oficiales en materia de movilidad y tecnología de vigilancia alcanzan un total de 1.050 millones de pesos. Este monto global se desglosa en la adquisición de 16 camionetas por 800 millones de pesos, distribuidas entre la Policía de la Provincia, Seguridad Vial, Emergencias y Bomberos, además de 24 motocicletas que demandaron 250 millones de pesos. A este parque automotor se sumaron cuatro aeronaves no tripuladas para el control aéreo.
En lo que respecta a la infraestructura edilicia, la administración provincial asignó un presupuesto consolidado de 915 millones de pesos para diversas obras. Los fondos se distribuyen en cinco proyectos específicos: el Centro de Gestión de la Unidad Regional 7 en Alto Comedero insume 375 millones de pesos; el alambrado perimetral del Complejo Penitenciario requiere 155 millones; el Pabellón 6 del Penal de Gorriti cuenta con 140 millones; el destacamento de Lipán de Moreno demanda 137 millones; y la Seccional 6 cuenta con una partida de 108 millones de pesos.
Con estos números, la inversión total informada por la cartera de seguridad entre equipamiento y obras públicas asciende a los 1.965 millones de pesos.
Al respecto, Urquiola remarcó que las mejoras en los establecimientos carcelarios y de detención apuntan a retirar a las personas privadas de su libertad de las dependencias barriales. Según el secretario, el objetivo es descomprimir las comisarías para que el personal policial no deba cumplir tareas de custodia interna y pueda abocarse exclusivamente al patrullaje preventivo en las calles.
