El Ministerio Público de la Defensa presentó su informe anual en la Legislatura

La defensora general del Ministerio Público de la Defensa y el Servicio Público de Defensa Penal, Ivonne Haquim, presentó el informe público anual de su gestión ante la Cámara de Diputados de la provincia. De esta manera, cumple con lo que marca la Ley Nº 5.896, sancionada en diciembre de 2015.

«La Defensa Penal se encontraba compuesta por dos defensores en las jurisdicciones de San Salvador a cargo de cuatro defensorías, dos secretarios, dos prosecretarios y ocho empleados, y en la jurisdicción de San Pedro de Jujuy, por un solo defensor a cargo de dos defensorías, un secretario y dos empleados”, describió Haquim. 

Por esto, destacó que se haya tomado la decisión de declarar la emergencia de la defensa pública “pese al esfuerzo y el trabajo de los defensores y de los funcionarios que componían el ministerio, ya que era materialmente imposible llevar a cabo todas las causas, detectando que solamente se asistía a las audiencias de indagatoria y a los juicios o debates”.

Explicó que en el momento de asumir la gestión, uno de los principales problemas con los que se encontró fue con la falta de celeridad en los trámites y la ausencia de sistemas modernos, de modo que no era posible conocer cuántas y qué causas existían.

“Una vez declarada la emergencia tomamos distintas medidas, entre ellas hemos tenido la gran colaboración de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Inmediatamente que nos constituimos y el ministerio empezó a funcionar, se nos proveyó de un inmueble y de todo el mobiliario», repasó.

Resaltó además la incorporación de un defensor de menores en la ciudad de San Salvador de Jujuy y otro en San Pedro de Jujuy, como así también de una licenciada en Psicología y una licenciada en Trabajo Social que conforman el gabinete interdisciplinario, para ofrecer y controlar las pruebas necesarias de los asistidos». 

Además, la defensora general destacó las reformas judiciales que se concretaron, porque permiten «equiparar armas con la acusación».

«Si bien el defensor penal no está bien visto en la sociedad, se trata de un servicio público constitucional -remarcó-. Toda persona tiene derecho a su defensa, y la defensa pública tiene a su cargo sobre todo a las personas de escasos recursos y que se encuentran en real estado de vulnerabilidad».

En este sentido, señaló: «La defensa pública se encarga justamente de demostrar que en muchos casos las persecuciones son injustas, y ahí es donde está el verdadero trabajo del servicio público de la defensa, porque brinda a las personas en estado de vulnerabilidad la garantía de que se siga un juicio justo y de que siempre se respete el debido proceso y los derechos humanos”.

Otro punto destacado del informe se centra en la creación de la Secretaría de Violencia Institucional, destinada a cooperar con el defensor público en todo lo relacionado con el adecuado resguardo del debido proceso, la defensa de los derechos de los procesados, detenidos y condenados, controlando y garantizando los derechos individuales.

Haquim afirmó que «a partir de la creación de la Secretaría se fueron modificando graves situaciones que sucedían en la provincia», y describió: «Se contaba con celdas de aislamiento, comúnmente conocidas como ‘chanchas’, que ya no existen más. Hoy tenemos 42 celdas de aislamiento refaccionadas totalmente, con acceso a sanitarios, a higiene personal, que antes no tenían. Se pintaron las estructuras. Hoy tienen camas, colchones. Se les da condiciones dignas».

«Nosotros no nos oponemos al sistema disciplinario, ya que se tratan de instituciones penitenciarias, pero siempre respetando los derechos humanos», aclaró, y agregó: «No permitiremos de ninguna manera condiciones inhumanas en los lugares de encierro. Hoy Jujuy es una de las pocas provincias que tiene alta seguridad con puertas abiertas; lo que antes significaba alta seguridad, que era el encierro y que no podían compartir ningún lugar común, ya no existe. Hoy tienen un lugar de recreación, un espacio en donde pueden salir en determinados horarios”.

Por su parte, el diputado y titular de la bancada radical Alberto Bernis enfatizó el balance positivo ya que el ministerio “se transformó en un pilar importante dentro de lo que significó la reforma judicial que fue impulsada por el gobierno de la provincia».

«Esta nueva estructura nos permite garantizarles a quienes afrontan procesos penales el derecho a la legítima defensa”, aseveró, y destacó el hecho de que el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa rindan informes a la Legislatura, tal cual lo estipula la ley. «Es un hecho histórico», afirmó.

A su turno, el diputado justicialista Alberto Matuk felicitó al equipo del Ministerio: «Es un acto de justicia reconocer lo trabajado, lo logrado, porque es muy meritorio. Se comprometieron con el sistema y lo pusieron en marcha. Advierto en esto un crecimiento y una organización que antes no existía. Estamos en buen camino, por eso mis felicitaciones”. 

La defensora agradeció especialmente la presencia de los organismos de derechos humanos, como así también al equipo de trabajo del Ministerio.