El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, salió a responder la denuncia presentada en la justicia por la diputada provincial justicialista Alejandra Cejas por ocupar además de su cargo en el Ejecutivo provincial, un lugar en el directorio de YPF. «Es una denuncia interesada que se basa en la mentira para conseguir unos votos más», afirmó el funcionario en conferencia de prensa junto al fiscal de Estado, Mariano Miranda, quien explicó a su turno que «no hay ninguna incompatibilidad». Sobre el cobro por las dos funciones, aclararon que en el caso del ministerio se trata de un sueldo, mientras que como miembro del directorio de YPF recibe «honorarios».
«En principio le había restado importancia al ver de quién venía», descalificó el ministro al inicio de la conferencia, y describió la denuncia de la diputada Cejas como «interesada, partidaria, desde el punto vista político, basada en la mentira y en la falacia como lo vienen haciendo desde hace tiempo, un planteo para conseguir unos votos más, sea por ignorancia o mala fe».
En este punto, Abud Robles dijo que no les habían dado importancia a las denuncias «porque estábamos trabajando», y enumeró algunos de los temas centrales de su gestión como ministro, como la venta del ingenio La Esperanza, la zona franca, los parques industriales y la ley de inversiones, entre otros.
«Nos parecia que ocuparnos de algo malicioso no correspondía -continuó-, pero al ver que esto ha tomado estado público y que el ciudadano común se ha interesado y que se ha sembrado la duda, hemos decidido esta conferencia de prensa».
Luego de afirmar que «no hay ninguna incompatibilidad», precisó que «la designación como ministro y como director de YPF corresponde a a una estrategia política nacional y provincial». Repasó luego la situación desventajosa de la provincia respecto de otros distritos, y mencionó que en regalías hidrocarburíferas, la provincia de Chubut recauda 300 millones de dólares al año; Neuquén, 243 millones; Santa Cruz, 252 millones; Mendoza, 186, y Jujuy apenas 0,04 millones, es decir, 400 mil dólares.
«Esa es la diferencia entre una estrategia y una falta de política», facturó.
En este contexto, afirmó: «Esto ha sido una decisión que tomamos para cambiar la matriz productiva de Jujuy, y estoy orgulloso de haber sido convocado además por el gobierno nacional, será por las características, la capacidad o la experiencia, para trabajar en una de las empresas más importantes de Argentina y de Latinoamérica».
«Hoy tenemos una nueva sísmica, que es el dato de dónde podemos ir a explorar, que ha sido aportado por YPF para ver cuáles son las áreas para el desarrollo del potencial de la provincia. Hay pendiente una reunión de YPF para visitar Sales de Jujuy, porque están interesados, así como están invirtiendo en energia eólica y térmica, y también los interesamos para invertir en litio. Va a venir la plana mayor para hacer una visita a la planta», detalló.
La intervención del fiscal de Estado Mariano Miranda se centró en el rechazo de la denuncia de incompatibilidad. «Cuando tomamos conocimiento de la denuncia mediática, llegamos a la conclusión de que no hay ningún sustento jurídico para que proceda y justifique el inicio de una investigación penal preparatoria», relató.
Según Miranda, dejaron pasar unos días por «el cúmulo de actividades que teníamos con el ministerio de Producción específicamente en lo que hace preparar el cierre final de la venta del Ingenio La Esperanza».
Lo cierto es que el fiscal penal N° 5 Aldo Lozano, que es quien recibió la presentación de Cejas, ya libró un oficil a la empresa YPF pidiendo información sobre el punto.
Miranda explicó que «el cargo como director de YPF es inherente a la función del ministro», porque Jujuy forma parte de la Organización Federal de Productores Hidrocarburíferos (OFEPHI), y que a las provincias que forman parte de esa organización les corresponde un cargo en el directorio, de manera rotativa, que se alterna entre cada una de ellas. «Ese es el cargo que cumplió el ministro -completó-, que no es incompatible ni funcional ni constitucionalmente con el de ministro».
Luego de repasar la normativa que avala esta postura, aseveró que «no existe ningún tipo de delito» y adelantó que girarán las actuaciones a la Oficina Anticorrupción «para que haga el análisis respectivo».
Sobre el cobro de 250 mil pesos por ocupar un lugar en el directorio de YPF, además del sueldo de ministro, Miranda insistió: «No es incompatible según la Constitución Provincial. En cuanto a la acumulación de cargos, tampoco. No hay ninguna incompatibilidad entre un director de una sociedad anónima y un funcionario público. Eso está expresamente establecido. Sobre el cobro tampoco hay incompatibilidad por cuanto el ministro cobra un sueldo como ministro y en la sociedad anónima cobra honorarios, que se reflejan anualmente en las declaraciones juradas de ganancias, así que se puede verificar».
Aquí intervino Abud Robles para aclarar: «Eso se verá reflejado en la declaración jurada que vence el 13 de julio en la OA. Pero han tirado montos que nada que ver, que ni se comparan con lo que se percibe».