El motín en Gorriti no fue un hecho aislado: preocupa la situación en comisarías

Tras la protesta en el penal del barrio Gorriti, volvieron a sonar las alarmas sobre la situación de las personas privadas de su libertad en el marco de la pandemia. Ya se habían hecho planteos y la justicia había ordenado medidas. La pregunta es si se hizo algo, y si lo que se hizo fue adecuado y suficiente. El jueves pasado murieron dos personas y quedaron heridas más de 15, en medio de denuncias de castigos corporales. En tanto, las comisarías están llenas de detenidos. Una bomba que alguien -los jueces, el poder político- debería desactivar a tiempo.

«Esta situación no surgió de un momento a otro, sino que viene madurando hace tiempo, puntualmente desde el inicio de la pandemia, y algunos ya lo veníamos viendo como un desenlace posible», repasó el abogado penalista Marco Espinassi en diálogo con el programa Día 6 (FM Conectar 91.5), en relación a las presentaciones realizadas hace ya cuatro meses para que se tomen medidas respecto de la gente privada de su libertad.

Al inicio de la pandemia, el mundo científico alertó sobre el especial riesgo que corrían las personas con determinadas patologías o condiciones. Sobre estos grupos en particular, se puso el acento en que debían permanecer en sus casas y en aislamiento, para evitar contagiarse.

También hubo planteos sobre cómo ocuparse de las personas privadas de su libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, emitió una serie de recomendaciones; entre ellas proponía que se otorguen algunos beneficios, como las domiciliarias.

«En las prisiones, en general, al haber hacinamiento, la proximidad de las personas es grande. Entonces, si el virus entra, la tasa de contagio es altísima. Y eso impacta en el sistema de salud, al que acude toda la población y puede colapsar», explicó Espinassi.

Muchas de las personas detenidas tienen condiciones de salud que las ubica en los grupos de riesgo. Es decir, tienen altas probabilidades de morir en caso de contagiarse. En este contexto, entonces, la recomendación era tramitar algún tipo de alternativas no solo para descomprimir los penales sino además para, en caso de que ingresara el virus, que hubiera menos posibilidades de contagios masivos.

«Estamos hablando de alternativas, y no de liberación -aclaró el abogado-. Porque cuando se habla de esto mucha gente dice ustedes quieren liberar a todos los presos. Nada más lejano a la realidad».

En Jujuy, una de las primeras medidas fue el cierre de los penales. No más visitas. «Se produjo el mayor hermetismo posible. Pero es una utopía pensar que estas personas están aisladas, porque hay cerca de cien oficiales que entran y salen, están los médicos del Servicio Penitenciario», describió.

El cierre de los penales tuvo otra consecuencia que, para Espinassi, es más preocupante: el aumento de personas detenidas en comisarías. «Hoy, el Servicio Penitenciario quedó cerrado como estaba, con el hacinamiento de siempre, sin ingresos nuevos, mientras siguió entrando gente en las comisarías. Ya hubo revuelos, hay varias que están aisladas. Es gravísima la situación».

Como ninguna de estas problemáticas es aislada, Espinassi advierte que esa superpoblación es producto de «un abuso de las detenciones cautelares». Y argumenta: «Una persona que ha cometido un delito, que ha sido juzgada y tiene una condena, que la cumpla. Pero una persona que es sospechada de un delito, que no tiene un juicio hecho, que no presenta peligro de que se escape o entorpezca, tiene que permanecer en libertad porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cambio aquí se ha hecho un abuso de las prisiones cautelares».

Medidas a medias

En marzo pasado, el Ministerio Público de la Defensa Penal pidió a través de un habeas corpus que se tomaran medidas en las unidades penitenciarias de la provincia por la pandemia. Allí se planteó, precisamente, que se hiciera algo con las personas de riesgo. El juez de primera instancia rechazó esa presentación, hubo luego una apelación ante la Cámara, y la Cámara emitió un fallo «más que interesante», calificó Espinassi.

«Siguiendo el lineamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice a ver, tenemos tantas personas en el penal, vamos a tratar de individualizar el universo de riesgo, las personas que están detenidas por delitos no graves, las que están vinculadas a delitos de violencia de género. Es decir, proponía identificar a quienes no representaban ningún peligro. Y además ver cuáles estaban sin condena, porque la mitad de las personas privadas de su libertad no tienen condena», relató.

Ese fallo de la Cámara dejó la decisión en manos de los jueces de cada causa. A partir de ahí se tramitaron domiciliarias y otras alternativas. Pero se logró poco. «Hay una gran responsabilidad de la justicia, que no dio celeridad del trámite. Conozco trámites que llevan cuatro meses sin resolución, incluso desde antes de la pandemia», afirmó el abogado.

En ese momento, el Servicio Penitenciario informó sobre una serie de medidas que tomó para enfrentar la pandemia y, supuestamente, cuidar a los internos. «Dijeron no se preocupen, hemos reforzado el sistema de salud y si se enferma alguien acá hay médicos -repasó Espinassi-. Lo que no estamos razonando es que si las personas que tienen esas patologías se enferman, se mueren. No sirve que me digan que hay un médico, porque me muero igual».

-Entonces la responsabilidad no es solo de los jueces. El Servicio Penitenciario puede tomar medidas. 

-Sí y no. En realidad, la decisión sobre la forma de cumplir una privación de libertad le corresponde a los jueces. Lo que pasa es que uno lee los informes que emite el Servicio Penitenciario y dan ganas de irse uno a vivir al penal. Todo es maravilloso según ellos. Quieren engañarnos. Dicen que está garantizada la salud mejor que en cualquier otro lado, que los tipos están perfectos, que no hay posibilidad que entre el virus. Entonces muchas veces los jueces se agarran de esos informes. Pero esa no es la realidad. Es una utopía pensar que no puede entrar el virus. No hay aislamiento en la medida que haya gente que entra y sale, los guardiacárceles, los médicos. En tres meses el virus ha dado la vuelta al mundo, estamos subestimando su capacidad.

‘Discusión tirana’

Así las cosas, se fueron sumando los ingredientes necesarios para un motín. Espinassi razona: «Póngase en la piel de estas personas. No justifico nada, estoy tratando de entender. Me dicen: mire, yo tengo HIV, si me contagio me muero, he pedido hace tres meses y me han sacado una resolución que dice que si no me estoy muriendo no me corresponde la domiciliaria, y ahora me entero de un guardiacárcel con coronavirus y yo tuve contacto con él; estoy jugado, no tengo más nada que hacer. Este razonamiento es muy peligroso».

«Uno lo fue viendo, se venía gestando. Y explotó», sintetiza.

-Una vez más aparece en el debate público un discurso extremo que considera que los detenidos no tienen derecho a nada. ¿Cómo se argumenta frente a eso? 

-Lo que se plantea es una discusión tirana. Nos tildan de abolicionistas, dicen que queremos a los presos libres, pero en realidad estamos diciendo que estas medidas, en general, no piden libertades sino prisiones domiciliarias. En algunos casos sí, pero apliquemos el sentido común: estamos en pandemia y hay una persona que recibió una condena de 8 años, ya cumplió 7 años y 11 meses y necesitamos descomprimir el penal. ¿Es razonable o no una conmutación de pena de un mes? Si a una persona le faltan dos semanas para acceder al beneficio de la libertad condicional, que es su derecho, ¿no es razonable que se adelante? ¿Hay acaso un agravio hacia la sociedad? ¿Son liberaciones injustificadas? No, muchachos, se está poniendo el bien común en juego.

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