Baca destacó los aportes de su propio bloque en la sesión en la que se debatió la derogación de la llamada Ley de Faltas, que estaba en vigencia desde 1952 y que ha sido utilizada para discriminar y perseguir a las minorías y a los sectores más vulnerables, y su reemplazo por un Código Contravencional adecuado a la sociedad actual y respetuoso de las garantías constitucionales.
Pero lamentó que el oficialismo se haya negado a poner inmediatamente en vigencia las figuras que establece la nueva legislación contravencional.
El diputado propuso que entraran en vigencia a los ocho días de la publicación oficial del Código, pero sus pares del oficialismo decidieron que recién tuviera lugar el primer día del año 2016, cuando ya estén en funciones las autoridades previstas en el Código.
A Baca le preocupa el hecho de que la vieja Ley de Faltas va a permanecer en vigencia un año más. “Esto expone a que los sectores sociales vulnerables sigan siendo objeto de abusos, discriminación y persecución”, advirtió.
Por otra parte, reseñó algunas de las numerosas propuestas que hizo el bloque de diputados de la UCR y que fueron aprobadas porla Legislatura, y también lamentó la falta de acompañamiento del oficialismo «a propuestas que hubieran acelerado la puesta en vigencia del Código y también garantizado la idoneidad de los jueces contravencionales».
En lo que se refiere a estos aportes, el diputado explicó que se garantizó en el proceso contravencional el control judicial de las sentencias que impongan penas de arresto. Si bien la cuestión había sido considerada en la comisión que redactó el código, en el proyecto que fue tratado en el recién ese control no existía.
“Se logró la aprobación de una propuesta por la cual las sentencias que impongan penas privativas de la libertad van a ser controladas de oficio por el Juez Correccional que integra el Poder Judicial. Este juez debe hacer un análisis del proceso cumplido y de la sentencia y si llegara a encontrar que resultan ilegítimas está obligado a declarar la nulidad de oficio. Nuestra posición era que la legislación contravencional fuese aplicada por jueces integrantes, pero ante la decisión del oficialismo –fundada en razones económicas- de establecer jueces administrativos, se puso énfasis en la determinación de un procedimiento que garantice el derecho de defensa y la creación de una instancia de control judicial de oficio”.
“Una disposición que había sido debatida en la comisión pero no estaba en el proyecto que se trató, la prohibición de que los que fueran pasibles de una sanción contravencional pudieran ser alojados en los mismos lugares que los que estuvieran procesados o condenados por delitos comunes, también fue aceptada por el oficialismo e incorporada al texto definitivo”.
“Sabíamos de los abusos a que son sometidos quienes hoy son detenidos por la Ley de Faltas y durante el foro en el que debatimos la nueva norma eso fue corroborado por testimonios de personas que fueron alojadas en los mismos lugares que delincuentes peligrosos y sufrieron vejaciones”.
Baca lamentó que los diputados del Frente para la Victoria se hayan opuesto a la propuesta de que los jueces correccionales sean elegidos a través de concursos públicos de antecedentes y oposición.
“Esperamos que a partir de esta nueva normativa se garanticen los derechos de todos, tanto de aquellos que son afectados por una contravención en su dignidad o sus bienes, como de los que son sometidos a proceso, debiendo garantizárseles a éstos el derecho defensa, la posibilidad de ser juzgados por un juez imparcial y un ulterior control judicial por parte del Juez en lo Correccional”, explicó el diputado.