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El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas por pedido del FMI

El Gobierno tiene entre manos un nuevo esquema de subsidios en luz y gas que en 2026 derivará en un verdadero zarpazo en los ingresos de toda la población. No habrá más segmentación por niveles ni tarifa social sino otro por cantidad de consumo, con parámetros que pondrán a las familias al borde de perder la subvención de un día para el otro.

La iniciativa es una respuesta a las exigencias que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le impusiera a la administración de Javier Milei para cumplir con las metas fiscales comprometidas en el megapréstamo que recibió antes de las elecciones legislativas. Ese acuerdo exige tanto la reducción del gasto público en subsidios como la desregulación del sistema energético.

Según la medida que aún no fue detallada oficialmente pero que el Gobierno hizo trascender, dejará de regir el esquema que segmentaba los subsidios según ingresos altos (N1), medios (N2) y bajos (N3).

Y para los sectores más pobres dejarán de existir la Tarifa Social, destinada a viviendas con gas natural, y el Programa Hogar, la ayuda que recibían hogares de bajos ingresos para la compra de garrafas.

¿Cuáles son las características del nuevo esquema de subsidios?

En electricidad:

En gas:

El argumento al que recurrió la Secretaría de Energía para eliminar el esquema actual es el que el Gobierno utilizó para cualquiera de sus ajustes: esa segmentación incluía supuestas irregularidades, había beneficiarios que transgredían los requisitos, personas fallecidas que figuraban como propietarios, y demás.

Lo que pretende el Gobierno es seguir reduciendo el gasto fiscal. Según las estimaciones, el costo de los subsidios deberá llegar al 0,5 por ciento del PBI (o menos) previsto para el año próximo.

Así se lo había pedido el FMI en un informe técnico elaborado a principios de este año, cuando aceptó la quita de subsidios para consolidar su equilibrio fiscal.

Por lo pronto, todos los cambios comunicados por la Secretaría de Energía serán puestos sobre la mesa en audiencias pública previstas para las próximas semanas. Se supone que en esa formalidad, el Gobierno que nunca acepta cuestionamientos escuchará a quienes presenten objeciones.

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