El «plan bomba» de Milei ya está en la Justicia: La CGT frenó la reforma laboral

Javier Milei quería llegar a Estados Unidos con la reforma laboral bajo el brazo como trofeo de guerra, pero la realidad argentina le pinchó el globo antes de despegar.

La Confederación General del Trabajo (CGT) cumplió su promesa y llevó la Ley 27.802 directo a los estrados judiciales, denunciando un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores que colisiona de frente con la Constitución Nacional.

El «Bisturí» de Lavié Pico

La causa cayó en el juzgado de Enrique Lavié Pico, un viejo conocido de la gestión libertaria que ya le desarmó estrategias previas al procurador Rodolfo Barra. La CGT, con los triunviros Sola, Jerónimo y Argüello a la cabeza, apunta al corazón del esquema: la nulidad de los artículos que pretenden traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una maniobra que quedó en manos de Manuel Adorni y que los gremios consideran un avance ilegal sobre la competencia judicial.

¿Modernización o esclavitud moderna?

Lo que el Gobierno llama «modernización», para los especialistas en derecho laboral es un desguace liso y llano. La nota que Milei intenta omitir frente a los empresarios norteamericanos incluye puntos que harían retroceder el reloj un siglo:

  • Jornadas de 12 horas: El fin de las horas extra y la extensión horaria sin anestesia.
  • Indemnizaciones en cuotas: El polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que diluye la responsabilidad del empleador.
  • Vacaciones a gusto del patrón: El fraccionamiento unilateral del descanso anual y la reducción de aportes a las obras sociales.

Del juzgado a la CIDH

La pelea no termina en tribunales. Mientras las dos CTA (Yasky y Godoy) preparan su propia batería de presentaciones para la semana que viene, el CELS y otras organizaciones ya están armando el equipaje para llevar el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El argumento es claro: Argentina está firmando una «regresión» de derechos prohibida por los tratados internacionales.

En definitiva, Milei y los gobernadores como Sadir pueden prometer seguridad jurídica en los hoteles de lujo de Washington, pero la seguridad jurídica en Argentina hoy es una incógnita que se define en tribunales.

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