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El presidente Alberto Fernández aceptó hoy la renuncia presentada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en forma indeclinable informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
En su carta de renuncia, la funcionaria cuestionó el operativo de desalojo y el violento accionar de las fuerzas de seguridad y presentó su renuncia, que fue aceptada por el Presidente. Las críticas de organismos de derechos humanos al Gobierno.
Esos hechos “me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, subrayó la funcionaria en su misiva dirigida al presidente Alberto Fernández.
La carta de renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta
“Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, subrayó Gómez Alcorta como argumento central de su dimisión.
Además, calificó de “violaciones evidentes a los Derechos Humanos” que durante ese operativo se haya detenido a siete mujeres mapuches, dos de ellas con sus hijos en período de lactancia, una embarazada y las otras cuatro que fueron trasladadas desde Río Negro al Penal de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, por decisión judicial.
En este sentido, consideró que “independientemente de la responsabilidad directa” que tuvo la magistrada en esa decisión, el Gobierno nacional “amerita una respuesta política contundente” frente a esa decisión. “Se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado”, indicó la funcionaria en su carta.
El desalojo en Villa Mascardi y los repudios
El CELS, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogados de las mujeres enviadas a Ezeiza presentaron también un hábeas corpus por la suma de irregularidades en el traslado, que tuvo lugar “de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva”.
“Las detenciones se produjeron en el marco de una causa a la cual todavía no se accedió. No se saben las razones por las cuales se ordenó no sólo el desalojo sino también las detenciones”, explicó Diego Morales, director de Litigios del CELS.
