Con críticas a “candidatos, espacios y representantes políticos negacionistas” y a “algunos jueces, juezas y fiscales” por “favorecer la impunidad de los genocidas y sus cómplices”, decenas de abogados dedicados a impulsar causas que investigan los crímenes de la última dictadura cívico militar eclesiástica concretaron su noveno encuentro y reafirmaron su lucha por la justicia en relación con los efectos del terrorismo de Estado.
Les integrantes del colectivo de abogados Mario Bosch acordaron promover acciones que permitan “ampliar el sentido de justicia” hacia “reparaciones en base a los valores de memoria y verdad”, apuntaron en el documento final del encuentro.
Unos 80 abogados y abogadas –querellantes, integrantes de organismos del Estado y del Ministerio Público Fiscal– vinculades con la investigación judicial sobre secuestros, torturas, abusos, homicidios y desapariciones; apropiaciones de niñes y robo de bienes, entre otros graves hechos que integraron el abanico de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico militar debatieron el fin de semana anterior sobre el estado de situación del proceso de memoria, verdad y justicia.
Parados “a 40 años de la recuperación de la democracia” advirtieron sobre el avance de “discursos y prácticas de odio y misoginia” que ven materializados en el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández, y repudiaron a candidatos, espacios y representantes políticos de esos lineamientos “negacionistas». En el documento final denunciaron el “fuerte condicionamiento externo vinculado al acuerdo con el FMI” que imprime dificultades al “pueblo argentino para garantizar las condiciones elementales de vida”.
“Con este Gobierno y con el que surja de las próximas elecciones, no vamos a bajar ninguna bandera y vamos a seguir exigiendo el compromiso de los tres poderes del Estado en el juzgamiento de los genocidas”, resumió Pablo Llonto, uno de los participantes del encuentro realizado en Paraná.
Para les participantes, provenientes de Tucumán, Rosario y Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco, Formosa, Mendoza, Jujuy, Salta, Bahía Blanca, La Plata y Ciudad de Buenos Aires, el comité organizador, entrerrianes todes –les referentes locales del impulso de las causas de lesa Lucía Tejera, Marcelo Boeyquens, José Iparraguirre, Sofía Uranga– propuso el debate “en ronda, bien horizontal” en relación con tres ejes centrales: reparaciones, impulso a las instrucciones y ejecución de la pena. “La invitación fue a exponer las diversas problemáticas y elaboraciones que se vienen dando en diferentes territorios” respecto de las causas de lesa, apuntó Tejera.
‘Ampliar el sentido de justicia’
Les abogades reafirmaron su “voluntad y decisión de perseguir justicia ante los tribunales nacionales e internacionales” por los crímenes de la última dictadura y, a la vez, “promover las acciones que permitan ampliar el sentido de justicia, reconociendo la importancia de las reparaciones en base a los valores de memoria y verdad”.
¿De qué se trata esto? “De pensar alternativas que sean reparadoras para las víctimas más allá del pedidos de penas para genocidas”, mencionó la abogada entrerriana.
“Se investiga, se juzga y se busca condena por secuestros, desapariciones, torturas y abusos, por apropiaciones de bebés, pero ¿y qué pasa con lo que los represores se robaron y no devolvieron?”, se preguntaron les abogades.
Durante la última dictadura, represores robaron, usurparon o se apropiaron de propiedades –casas, autos, empresas, entre otras– mediante falsificación de documentos y el sometimiento de las víctimas; en algunos casos se las quedaron, en otros las convirtieron en plata.
Entre los ejes de acción que consensuaron reforzar figuran aquellos que busquen reparaciones respecto de esta clase de daños. Desde que se retomó el proceso de juzgamiento al genocidio ha habido algunos casos que se resolvieron de manera exitosa –la casa de la familia Oesterheld en Tucumán o la que recuperó Nicolás Placci, hijo de desaparecidos, en San Martín–.
Más aquí en el eje temporal, lo que ocurrió a fines del año pasado en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad sucedidos en el ingenio azucarero tucumano La Fronterita, cuando el tribunal a cargo hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Fiscalía y embargó los inmuebles en donde funcionó el ingenio. Otro caso abordado tuvo que ver con la experiencia de querellantes en Mendoza, donde solicitaron en un juicio que está por concluir la puesta en marcha de mecanismos que busquen restos de desaparecides.
Para la celeridad, recursos
Las otras dos “rondas” propuestas para el trabajo colectivo apuntaron estrictamente al camino que atraviesan los expedientes: instrucción y ejecución de la pena. Que el paso del tiempo imprime urgencia al proceso es una realidad con el que sobrevivientes, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos, y claro, sus abogades, conviven desde hace años. El letargo del Poder Judicial para reaccionar y responder a la impunidad biológica que el paso de los años genera, también.
Les abogades señalaron “la complacencia de algunos jueces, juezas y fiscales en favorecer la impunidad de los genocidas y sus cómplices” a través de las demoras en la causas, la aplicación de prisiones domiciliarias, el dictado de faltas de mérito, sobreseimientos o absoluciones “injustificables”.
Por otro lado, concluyeron en “sostener y generar nuevas acciones para lograr celeridad” en el avance de las causas, la llegada de los juicios y el ritmo con el que se llevan a cabo, apuntaron desde el colectivo Mario Bosch. Insistieron en reclamar más personal para la integración de los juzgados federales en donde se llevan a cabo las instrucciones y concretar la conformación de tribunales federales, demandas que atraviesan a todo el país.
“Para que haya garantía de que el proceso de juzgamiento a los genocidas no se va a paralizar, hay que tener recursos. Necesitamos gente que pueda investigar en los juzgados y jueces que lleven a cabo los juicios con compromiso y dedicación”, postuló Llonto, quien representa a decenas de sobrevivientes y familiares de víctimas, sobre todo del Primer Cuerpo del Ejército y Campo de Mayo.
Por Ailín Bullentini, en Página/12