Francisco Eguiguren, relator para la República Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió en Buenos Aires un crudo y real informe que advierte sobre los retrocesos en materia de derechos humanos en el país desde la asunción del actual gobierno. El reporte fue entregado este viernes por representantes de más de un centenar de organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia, que se realizó en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 26 y el 27 de abril pasados.
La CIDH invitó a organizaciones y entidades de la sociedad civil al espacio que funciona en la ex Esma. Allí los delegados recibieron un detallado informe sobre la situación que atraviesa la Argentina.
El plenario del organismo internacional delibera en Buenos Aires hasta este martes, y ese día se realizará una marcha al Hotel Sheraton para reforzar el reclamo por la vigencia plena de los derechos humanos.
El documento, que contiene once temáticas distintas, vinculadas todas ellas a derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica. fue elaborado a partir de la participación ciudadana y horizontal de cientos de argentinos que lo hicieron en representación de organizaciones de la sociedad civil o de personas que individualmente han participado del debate.
Entre los temas abordados y que fueron entregados a los miembros de la CIDH, están la denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru, tanto en Jujuy como en Mendoza; el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y el incremento de los casos de violencia policial.
Al inicio del documento se plasmaron declaraciones de Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y de Taty Almeyda y Lita Boitano, de Madres de Plaza de Mayo, realizadas en la apertura del Foro en Buenos Aires. Las referentes de derechos humanos coincidieron al lamentar que, después de tantos años de lucha, resulte necesario volver a hacer denuncias ante la CIDH.
La denuncia sobre la criminalización de la protesta y la profundización de las políticas represivas fueron otros de los temas sobre los que alertaron. “Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, indicaron.
Sobre la situación de Milagro Sala, se remarca que su detención arbitraria fue ratificada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que concluyó este jueves su visita oficial a la Argentina y que a su paso por Jujuy ratificó la Opinión 31 según la cual el Estado Nacional debe liberarla en forma inmediata.
En la presentación ante Eguiguren se denuncia además que el gobernador Gerardo Morales instauró en la provincia un estado policial, que se constituyó en un laboratorio de ensayo que se expandió luego a otros puntos del país, tal como sucedió en Mendoza con la detención de Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru. En ese marco indicaron que “el modelo represivo y criminalizador de las organizaciones libres del pueblo viene avanzando cotidianamente”.
“La creciente violencia institucional debe leerse en correlación con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad se construye desde la pérdida de derechos cotidianos para las mayorías populares”, se afirma en el tramo del documento dedicado a los cada vez más preocupantes episodios de violencia.
El incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016, el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial avalada por el Poder Judicial, la represión policíal desmedida en barrios humildes, el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas, la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una orden de la CIDH, las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional de Mujeres, la represión policial a docentes que reclamaban de forma pacífica, la represión y detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, son solo algunos de los casos tratados en el apartado sobre el incremento de la violencia institucional en el país.
Otro de los ejes centrales del documento fue el retroceso en las políticas de Memoria Verdad y Justicia. “En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial- no cesan en la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, reclamaron antes de enumerar los desmantelamientos de las áreas vinculadas con la materia en los distintos ministerios, las designaciones de autoridades vinculadas con responsables de crímenes de lesa humanidad y las declaraciones de funcionarios nacionales reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
En el capítulo sobre la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución, se hizo eje en las causas armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, denuncias infundadas e investigaciones direccionadas por los medios; la influencia de los medios sobre magistrados y funcionarios, y la embestida gubernamental contra magistrados y funcionarios no alineados con el gobierno de turno.
El documento, de más de 300 páginas, contiene además denuncias en materia de los retrocesos en el mundo del trabajo, la persecución sindical y la criminalización de la protesta, del ajuste en el sistema de salud y la seguridad social, el asedio a la educación y a la producción de conocimiento, los retrocesos en las políticas de género y diversidad, cultura, medios de comunicación y cerco mediático y en relación a la política internacional y el contexto internacional.
Si bien en las deliberaciones que el plenario de la CIDH lleva adelante en Buenos Aires no está previsto que analice en particular la situación argentina, sí lo hará en julio. En este sentido el aporte del documento que se le entregó es muy importante porque se hizo de abajo hacia arriba y refleja casos concretos de violencia estatal.
«La CIDH tiene varios casos de Argentina sometidos a examen, uno de los cuales es la detención arbitraria de Milagro Sala, todos ellos enmarcados dentro de lo que muestra el informe, que es una profundización de la violación a los derechos humanos desde que asumió Macri», señalaron los referentes de derechos humanos, y agregaron: «Esperamos que las exigencias y recomendaciones de la CIDH le ponga freno a una escalada represiva en nuestra sociedad”.