La tensión entre el sistema de salud de la provincia y el PAMI llegó a la justicia penal. El director del SAME 107, Pablo Jure, radicó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, acusando al organismo de una desatención sistemática que pone en riesgo la vida de los adultos mayores en Jujuy.
Una cifra alarmante: 12.000 auxilios en un año
La denuncia presentada por Jure detalla que, ante la falta de operatividad y las respuestas negativas del PAMI, el SAME debió intervenir en 12.142 asistencias médicas de urgencia y emergencia durante el último año.
Según el escrito, los afiliados se comunican directamente a la línea 107 ante la desesperación de no obtener respuesta por parte de su cobertura de salud. «El SAME respondió operativamente y lo seguirá haciendo, ya que está en peligro el derecho a la vida, pero el Estado provincial termina financiando la omisión del organismo nacional», señala el texto.
El impacto económico y legal
Más allá de la logística humanitaria, la denuncia pone el foco en el desfinanciamiento. El PAMI no reintegra los costos de estos miles de servicios, lo que obliga a la provincia a destinar recursos humanos y materiales propios para cubrir un bache que legalmente le corresponde a la Nación.
La presentación judicial apunta a figuras penales gravísimas contempladas en el Código Penal de la Nación:
- Abandono de persona y omisión de auxilio (Arts. 106 y 108).
- Lesiones y Homicidio.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248).
- Malversación de caudales públicos (Arts. 260 y 261).
Con esta medida, el sistema de emergencias jujeño busca que la Justicia determine responsabilidades sobre una situación que califica como una desprotección histórica hacia los jubilados de la provincia.
