En una jornada de intensa actividad legislativa, el Senado de la Nación dio luz verde a dos proyectos de fuerte impacto institucional y económico para el país. Por un lado, se otorgó media sanción a la ley de pago para los últimos fondos buitre remanentes y, por el otro, se aprobó la designación de 74 magistrados para cubrir vacantes en la justicia federal.
Dólares para afuera, promesas para adentro
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para saldar el litigio con los denominados fondos holdouts obtuvo 40 votos a favor y 22 en contra. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, que tendrá tiempo hasta el 30 de junio para tratarla.
El dictamen autoriza el desembolso de 171 millones de dólares en total a los grupos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, cuyas demandas judiciales comenzaron tras el default de 2001. Desde el oficialismo celebraron la medida casi como una victoria soberana, destacando que se logró una supuesta «quita» superior al 35% sobre los montos reclamados, lo que evitará futuros embargos sobre activos estatales e intereses punitorios bajo la ley de Nueva York.
La paradoja del discurso oficial no pasó desapercibida en el recinto: mientras las partidas destinadas a jubilados, discapacitados y universidades nacionales sufren el rigor de un ajuste implacable bajo la premisa de que «no hay plata», el Estado nacional parece encontrar siempre los recursos necesarios cuando los acreedores internacionales golpean la puerta. El bloque de Unión por la Patria capitalizó esta contradicción y rechazó el tratamiento, argumentando que estos mecanismos premian la especulación financiera y ponen en riesgo las escasas reservas de divisas.
Respaldo a los pliegos de la Justicia
En la misma jornada, la Cámara alta prestó acuerdo para el nombramiento de 74 jueces, fiscales y defensores federales de distintas jurisdicciones del país. El listado incluyó a postulantes como Verónica Michelli, Emilio Faggi y Laureano Durán para los tribunales de La Plata, así como designaciones en Santa Fe, Mendoza, Salta y la Patagonia.
La votación de los cargos se resolvió en su gran mayoría por unanimidad, con la única excepción de los pliegos de María Julia Sosa y Emilio Rosatti, en los cuales la oposición decidió diferenciarse y votar en contra.
Desde la bancada del peronismo aclararon que, si bien acompañaron 72 de los nombramientos por la necesidad de las provincias de contar con juzgados operativos frente a la delincuencia y la saturación de causas, esto no implica avalar la política judicial del Gobierno nacional. Recordaron además que la gran mayoría de estos expedientes correspondían a concursos iniciados durante la gestión anterior que habían sido retirados y luego reenviados por la actual administración.
