En la penúltima sesión del período extraordinario, el Senado de la Nación aprobó el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado originalmente en Asunción el pasado 17 de enero.
Pese al consenso general, la jornada dejó un sabor agridulce en los pasillos del Congreso. El debate, que se extendió por cuatro horas, intentó ser acortado drasticamente con un objetivo político: que Argentina fuera el primer parlamento del bloque en ratificar el entendimiento. Sin embargo, en un trámite exprés, la Cámara de Representantes de Uruguay se adelantó y dejó al país en segundo lugar.
La votación y el debate
La aprobación se dio a las 15:25 de este jueves con 69 votos a favor y solo 3 en contra, correspondientes a los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana di Tullio y Cristina López.
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— Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 26, 2026
Puntos clave del acuerdo
El texto cuenta con 23 capítulos y busca establecer un marco previsible para el intercambio comercial, reduciendo barreras arancelarias y fomentando la inversión. Tras más de 20 años de negociaciones, estos son los ejes principales:
- Plazos de adaptación: Se establecen períodos de transición de hasta 15 años para productos sensibles, protegiendo a la industria local.
- Beneficios para exportaciones argentinas: Se eliminan aranceles para productos como carne, langostinos, calamares, miel, cítricos y biodiesel.
- Reconocimiento de origen: La UE reconocerá indicaciones geográficas argentinas y términos como “reserva” o “gran reserva” para los vinos.
- Sector automotor: Tendrá una apertura gradual con salvaguardias específicas que podrán aplicarse hasta 18 años después de la entrada en vigor.
¿Qué falta para que entre en vigencia?
Aunque el paso legislativo es histórico, el acuerdo todavía depende de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitado por la Eurocámara el pasado 21 de enero, para determinar su validez definitiva.
Además, se prevé la creación de un Subcomité de Comercio de Mercancías que, tres años después de la puesta en marcha, evaluará si las condiciones económicas permiten acelerar la eliminación de derechos de aduana.